Bicentenario: reconstrucción de la comunidad

Lograr una unidad orientada por la conciencia histórica

Una sociedad irreconciliable es una sociedad dividida, y como tal está en estado de indefensión e incluso de desintegración. En consecuencia, reconciliar a nuestra comunidad es unirla en sus organizaciones propias y libres, e insertarla sinceramente en la articulación de un Estado confiable y eficaz. Aunque la reconciliación nace en el corazón de las personas, trasciende lo individual, lo grupal y lo sectorial, por constituir el ejemplo de unión y pertenencia nacional requerido como prueba de identidad y fortaleza en el concierto mundial.

Es una unidad que, sin desconocer el pasado ni desatender el presente, se dirige al Proyecto Nacional como destino histórico común aún pendiente. Sin embargo, esta proyección nacional y regional tan necesaria no puede hacerse en un marco de ocultamiento, impunidad y olvido; por lo cual hay que observar y ejercer íntegramente el derecho a la verdad, la justicia y la memoria.

Así como en el desarrollo del pensamiento moderno se incorporaron los derechos personales del sujeto, su privacidad e intimidad y el respeto a la otredad; así también se cubrió de contenidos la idea de “conciencia histórica”. Es un concepto paralelo y complementario de los derechos individuales, para evitar que la exacerbación del aislamiento y el individualismo sin sensibilidad social, desemboque en egocentrismo, decadencia y nihilismo por desconocer los sentimientos y creencias fundantes de la comunidad: porque nadie puede realizarse plenamente en un contexto vivencial de frustración.

Derecho universal a la verdad, la justicia y la memoria

El derecho a la verdad es irrenunciable y solidario con los principios y valores que emanan de la libertad, base a su vez de la soberanía popular y del imperio de la ley. Por ello, el recurso a la indagación histórica es una antecedente fundamental de la investigación y sanción judicial. Por otra parte, el conocimiento que adquieren el ciudadano y la comunidad de la historia de su opresión, por fuerzas externas o internas, integra su patrimonio cultural e identidad singular; y brinda la oportunidad moral de la catarsis psicosocial que facilita la reflexión y la autocrítica institucional y personal, preparatorias de un posterior ciclo de reunificación nacional.

El derecho a la justicia es clave en la lucha contra la impunidad amparada en la estructura del Estado y perpetrada en el marco del autoritarismo político y los golpes y dictaduras de todo tipo. La investigación y sanción de la violación de los derechos humanos, surge así con una jurisprudencia de amplio consenso, capaz de establecer una instancia universal basada en declaraciones, tratados, asambleas y cortes penales, de gran resonancia mundial.

Se trata de una parte nueva y muy actual del Derecho Internacional -comenzada quizás con el Derecho Internacional Humanitario que rige en los conflictos bélicos [Convenciones de Ginebra y La Haya]- pero que ahora, para este tema específico, no se reduce al protagonismo de los Estados en litigio, sino que gira alrededor del sujeto de derecho constituido por la persona individual, en su dignidad innata y prerrogativas imprescriptibles.

El derecho a la memoria, completa el ámbito ético y jurídico de los otros dos enunciados, en tanto actúa educativamente para prevenir la repetición de modelos de violencia e intimidación masiva, que tienen a la humanidad en su conjunto como víctima, por efecto recíproco. Para ello, debe conocer los testimonios de los periodos superados, crear espacios comunes de recordación y trasmitir las enseñanzas dolorosas de la historia, frente a las reacciones negadoras de estos hechos, o aún reivindicativas de los métodos violatorios de la condición humana.

Restauración ética del Estado y la sociedad

Es sobre esta base que las responsabilidades individuales no pueden ser excusadas con el principio de obediencia debida, considerada como disciplina ciega respecto a órdenes ilegales que no se deben impartir, ni cumplir, ni permitir. Por eso también, y en última instancia, son los cuadros profesionales del sistema de defensa, los que en el aquí y ahora de la acción, deben garantizar la justicia de sus actos a partir de una sólida formación humanista, un profundo sentido del honor y un exacto conocimiento de sus deberes y obligaciones en la dosificación controlada de la fuerza confiada a su mando.

Reconciliar presupone restaurar la condición ética y moral del Estado, y reimpulsar la participación democrática de la sociedad; porque –en la correcta acepción de los términos- sin ética no hay política, sin política no hay democracia, y sin democracia no hay derecho. Sobreviene allí un ciclo pendular entre autoritarismo y caos, donde el empleo de la violencia revierte desde el Estado a los particulares organizados en círculos de poder, grupos de acción directa o bandas delictivas.

El servicio de justicia, con su misión reparadora en lo espiritual y material, facilitará en el tiempo la reconciliación nacional, potenciada por una nueva etapa política que, ya cumplidos los fines de la actual, sepa sumar a los principios y valores fundamentales de nuestra comunidad, la voluntad estratégica de reconstruir un sistema de defensa actualizado, creíble y suficiente, lo cual incluye asignar los recursos presupuestarios compatibles. Este objetivo servirá a la consolidación democrática, vía el perfeccionamiento factible de la relación civil-militar, y la integración de nuestros esfuerzos confluyentes en una defensa cooperativa regional, a fin de mantener los beneficios permanentes de la paz como recurso estratégico para el desarrollo.

Fortalecimiento de la integración regional

La unión continental de Nuestra América, que estuvo presente como ideal desde la gesta de nuestra independencia, tiene hoy la posibilidad cierta de su realización. Una serie de fenómenos políticos y estratégicos marcan esta evolución posible, al descartar por obsoleto el orden mundial basado excluyentemente en un hegemonismo unipolar. Por consiguiente, la actual etapa geopolítica trata de establecer nuevos equilibrios multipolares que, con adecuadas prácticas diplomáticas multilaterales, sean capaces de lograr una paz internacional bajo el principio de cooperación y no de dominación.

La contribución argentina, que ya en la década de 1950 fue precursora en la posición de ubicar a la región como clave de un proyecto de desarrollo y defensa mancomunado con los países suramericanos, implica sustentar la teoría y la praxis del continentalismo. En el aspecto geoeconómico, esta actitud presupone percibir la ventaja de un vasto espacio articulado en lo productivo, pero sin los límites excluyentes de la especulación ultracapitalista, que suele afectar la cohesión territorial y social de los pueblos, dañando además el medio ambiente y el equilibrio ecológico, y despilfarrando recursos naturales vitales para un desarrollo autosustentable.

En el aspecto cultural e institucional, la integración incluye el esfuerzo paulatino y sostenido de construir una ciudadanía regional, definida por valores, principios y criterios similares y afines, con sentido de identidad y pertenencia continental. Para ello, es preciso recuperar el rol del Estado, negado por las ambiciones y presiones transnacionales, y fomentar una educación dirigida a una convivencia responsable para una asociación estratégica fecunda y perdurable.

La región, integrada en un sistema moderno, eficaz y productivo, libre de las trabas explícitas o encubiertas de los intereses de las grandes corporaciones monopólicas, es la herramienta poderosa que hoy se destaca en el horizonte mundial, para asegurar la prosperidad y la pacificación internacional. Sin ella, no hay ninguna posibilidad de alcanzar, en forma separada y aislada, los objetivos trascendentes del Proyecto Nacional de cada país en su expresión más amplia.

Coordinación de la defensa regional

La Unión de Naciones Suramericanas – UNASUR- en un paso inédito, ha tomado la iniciativa de crear el Consejo Suramericano de Defensa para consulta, cooperación y coordinación de sus Estados Miembros en este ámbito especifico, y con la finalidad superior de consolidar a nuestra región como zona de paz. Con tal propósito, promueve la solución pacífica de las controversias y fomenta las medidas de confianza mutua y transparencia que fortalecen la estabilidad y previenen conflictos.

En el ordenamiento interno de los participantes, se afirma el pleno reconocimiento de las instituciones encargadas de la Defensa Nacional, que están consagradas en sus respectivas Constituciones; al par que destaca la subordinación de éstas a la autoridad civil legalmente establecida. De igual modo, señala la responsabilidad y participación ciudadana en los temas de defensa, en cuanto la define como bien público que atañe al conjunto de la sociedad, lo que equivale a considerarla insoslayablemente un deber y un derecho comunitario.

La Defensa Regional parte del respeto irrestricto a la soberanía, integridad e inviolabilidad territorial de los Estados; la no intervención en sus asuntos internos y la autodeterminación de los pueblos. En esta índole de principios fundamentales, rechaza la presencia o acción de grupos armados al margen de la ley, que ejerzan o propicien la violencia cualquiera sea su origen.

Con esta orientación, que debe difundirse, perfeccionarse y consolidarse en una nueva entidad e identidad defensiva de alcance regional, será posible generar los consensos necesarios para la cooperación en el marco de las políticas de Estado destinadas a coordinar esos esfuerzos en forma progresiva y flexible. En el mismo tono, es necesario fortalecer y apoyar a los Ministerios de Defensa como organismos idóneos de conducción superior; integrar una red de institutos de formación y capacitación conjunta y combinada; y vincular los distintos centros de investigación científico- tecnológica y los emprendimientos de producción para el sector.

Es una decisión impostergable dejar la situación de dependencia científico-tecnológica y de indefensión industrial y logística que implica ser importadores netos de equipos y materiales para la defensa. Tomar este camino abrirá un gran horizonte de iniciativas bilaterales y multilaterales para alcanzar niveles de industrialización, no sólo imprescindibles para la seguridad estratégica, sino para su articulación y aporte a la producción civil.

Compromiso y participación de la sociedad

Lo importante en la definición del Proyecto Nacional son los impulsos vitales que se autoafirman, basados en arquetipos históricos y culturales generadores de nuestra singularidad como país. Su guía insoslayable, le otorga aliento y vocación de sentido trascendente al proceso cíclico de nuestra trayectoria en el concierto mundial. Es conveniente rescatar la dimensión de la gran política, aplicable a las categorías propias de la planificación estratégica, única forma de movilizar todo nuestro potencial humano y de recursos naturales disponibles. Una visión deseable de país a realizar, con perspectiva de acceso inteligente al futuro; una resolución general de nuestra problemática, traducida a una serie coherente de ideas-fuerza como vectores bien orientados del pensamiento nacional en todas las áreas de actividad.

Es una necesaria arquitectura vertebral del cúmulo de políticas de Estado consensuadas, que debe llevarnos a un porvenir de mayor desarrollo político, económico, social y cultural, con la participación de las grandes mayorías populares. Esfuerzo integrador, progresivo y de largo plazo, que tiende a reconfigurar históricamente la personalidad del país, mas allá de la alternancia gubernamental y de los matices ideológicos que califican la pluralidad democrática.

No es un proceso abstracto ni mecánico sino orgánico, por la estructuración natural, no forzada, de todas las fuerzas representativas y la ciudadanía en general. Con este propósito, hay que crear espacios de reflexión e intercambio de análisis, experiencias y propuestas. Recordemos que no hay sociedad sin conflicto, pero tampoco democracia sin diálogo; por eso, plantear un debate sincero y constructivo no es una ingenuidad. Representa la única posibilidad de moderar, integrar y sintetizar una multiplicidad de objetivos y procedimientos, que pueden y deben ser compatibilizados: es la alternativa positiva a los riesgos provocados por la intolerancia reiterada, la división agresiva y la violencia latente.

Construir una voluntad de sentido histórico y de convivencia comunitaria exige una Defensa Nacional de carácter integral, como ya la hemos definido, incluyendo su necesaria proyección regional dentro de la tendencia geopolítica continental y mundial. Esta tendencia muestra también que las crisis irresueltas de identidad nacional, al agravarse, atraen el peligro de vacío institucional y fragmentación territorial. El pensamiento estratégico, en este orden, debe preservar la unidad y la integridad nacional, no únicamente con la acción del gobierno y las instancias del Estado, sino con la franca participación de la sociedad en su conjunto, sus organizaciones e instituciones. Obviamente, aceptando los problemas que enfrentamos, que no deben ni negarse ni exagerarse, para asumir con entusiasmo los compromisos actuales de nuestra comunidad de pertenencia.