EL DEBER SER DEL ESTADO

10/2015

EL DEBER SER DEL ESTADO

Pensar en concertar políticas públicas, como signo principal de la próxima etapa, supone la definición de un Estado suficiente, capaz de expresar una identidad propia nacionalmente conformada. Es decir, un nivel de conocimiento y reconocimiento con categorías comunes, que permitan formular objetivos y trazar los lineamientos para lograrlos. No significa una opción obligatoria sino preferencial, equidistante del estatismo extremo, y de la reducción neoliberal del sistema institucional para el predominio de las corporaciones.

En esta concepción, el Estado se asienta en un entramado previo de relaciones recíprocas de sentido y lazos afectivos, y en un conjunto de formas culturales sin las cuales no valdrían sus acciones políticas. Porque resumir sus funciones a brindar ciertos servicios y a guardar policialmente el orden, lo condenaría a un rol reaccionario, desconociendo la importancia de la promoción económica y la inclusión social.

Hay, en consecuencia, una dimensión moral de la actividad pública, al no declinar las metas vitales de la comunidad y exigir a todos una rectitud ética. Decir esto no es pecar de ingenuidad, porque la corrupción es la causa fundamental del fracaso de innumerables gobiernos, planes y programas, desviando recursos y desgastando la confianza del pueblo en el régimen democrático.

El Estado tiene, así, una razón de ser y un deber ser. La “razón de ser”, probada en la historia, muestra que las sociedades que subsistieron lo hicieron porque se organizaron en alguna modalidad de Estado como entidad jurídica. Y el “deber ser”, indica que esas distintas formas pudieron evolucionar cuando consiguieron coordinar los intereses de sus sectores internos, y contaron con un cuerpo articulado de funcionarios idóneos. Por el contrario, cuando el bien común desapareció, por la codicia y la impunidad de sus dirigentes, esas sociedades también sucumbieron.

En las cuestiones de Estado, la ley moral no actúa si meramente se declama, porque recién opera incorporada a la práctica. Allí sí, mediante la transparencia pública y el respeto a los cauces naturales de la participación popular, es posible renovar el “pacto de soberanía” implícito en la representación y la representatividad política del ordenamiento institucional.

La evolución correlativa de los procedimientos de conducción y del derecho, especialmente el derecho social y sus actualizaciones, exige agilidad en los criterios de comunicación. En ellos gravitará la carga simbólica que es atributo del ejercicio del poder, y la buena sintonía entre la matriz de emisión de los gobernantes y la matriz de recepción de los gobernados. En su defecto, éstos irán abriendo vías propias de información y difusión política, con medios primarios o sofisticados. Pero la comunicación siempre será un factor clave.

Es necesario pues un clima de persuasión sobre la posibilidad del consenso, dados algunos principios y valores innegables; especialmente en períodos tensos por eventuales modificaciones y cambios relevantes. La tarea consiste en desarmar las “falsas antinomias”, y en cuanto a las verdaderas, evitar que se conviertan en antagónicas al precio de manifestaciones de lucha violenta.

En última instancia, toda autoridad, no sólo legal sino legítima, surge de un acto de credibilidad que se mantiene por el contacto con la sociedad en su conjunto. Si esta conexión se pierde, aparece la tentación de la coerción económica o social que, paradójicamente, es lo opuesto de la fortaleza política. Al tiempo que la sociedad, dividida para retroceder en la defensiva, se va uniendo para avanzar en la participación.