La sociedad políticamente democrática
La vida individual es imposible sin la comunidad en cuyo seno se gesta, protege y desarrolla; pero la comunidad nunca alcanzaría verdadera dimensión política, sin el reconocimiento de la dignidad de la persona humana. Se afirma así el rol a la vez autónomo y colectivo del ciudadano como un concepto integrador de derechos y deberes; ya que deberes sin derechos equivaldría a sumisión y derechos sin deberes al desborde y al caos.
La democracia, dentro de esta definición ideal, es el sistema que permite una mejor convivencia, considerando que sus integrantes, al hablar y actuar por sí en las acciones y decisiones de conjunto, se hacen responsables de las leyes y normas que ellos mismos determinan. Los ciudadanos, pues, se constituyen en sujetos coprotagónicos del poder democrático, y tienen la condición de ser portadores y portavoces del sentido político de la sociedad, y la facultad de elegir y ser elegidos dirigentes.
Es esencial al funcionamiento democrático la discusión y el debate de los asuntos públicos que dan origen y mantienen al Estado como organización jurídica de la sociedad. Para ello, plantea el intercambio recíproco y en paridad de argumentos y comentarios de cada parte, dentro de la mayor libertad de expresión, para buscar las posibles razones compartidas del bien común. En teoría, esta libertad presupone que cada uno pueda comunicarse e informarse de igual a igual, sin la coacción de ninguna forma de censura estatal o manipulación periodística privada.
Como proceso histórico, la democracia política ha impulsado los movimientos revolucionarios destinados a expropiar a favor del pueblo, los monopolios de autocracias y oligarquías sobre las fuentes de expresión y decisión política de conjunto. En nuestro caso, implementando el régimen republicano, representativo y federal establecido en el orden constitucional. De este modo, al intervenir la ciudadanía en nombre propio, con sus respectivas idiosincrasias sociales y territoriales, en las decisiones políticas colectivas, queda abierto el largo ciclo del desarrollo y perfeccionamiento de las instituciones del país.
La comunidad socialmente solidaria
Llega el momento de reflexionar sobre lo dicho, no en el tono de un ensayo de abstracciones teóricas y retóricas, con principios inobjetables pero procedimientos cuestionados en la práctica concreta. Porque la libertad política, por sí sola, tiende a ser inhibida por nuevos monopolios de orden económicos; y la libertad de expresión a ser coartada por la manipulación mediática a escala masiva. Luego, acontece la impotencia o incapacidad del estamento representativo, con su crisis de credibilidad; y se produce la abrogación de lo público y la sustitución de la democracia por los grupos de poder.
Sucede que, como lo advirtieran desde siempre los pensadores clásicos, la democracia real para su propia salvaguardia, necesita un equilibrio entre los principios inalienables que protegen los derechos de las personas, y los criterios que permiten la realización de la colectividad como unidad de destino. Por el contrario, el exceso de individualismo exarceba el egoísmo, la indiferencia y la desarticulación social; y el exceso de colectivismo desemboca en la uniformación, la mediocridad y el totalitarismo.
En la concepción de la comunidad organizada, como profundización y complementación de la participación política, por obra de la participación social, la noción de “pueblo” encarna a toda la sociedad, fuera de cualquier acepción parcial o facciosa. Al par que la noción de “ciudadano” o “vecino”, no obstruye ni descarta la necesidad de construir un mismo marco de convivencia, que es imposible sin la colaboración mutua.
Como existe de hecho una desigualdad económica manifiesta, con sus efectos negativos sobre la calidad de vida de la mayoría o de gran parte de la gente, se hace indispensable tratar de mejorar y hasta de igualar las posibilidades y oportunidades de desarrollar su potencial. Para abarcar esta tarea con eficacia, es preciso contar con algo más que el asistencialismo del gobierno centralizado. Es decir: con el apoyo inteligente de un Estado descentralizado y amoldado a las distintas realidades sociales y territoriales; y especialmente, con la autoayuda metódica que deben desplegar los propios destinatarios mediante sus organizaciones libres de naturaleza comunitaria (autoconvocadas y autogestionadas).
El sentido individual y colectivo de responsabilidad
La valoración prioritaria de la libertad, centrada en la defensa de la privacidad e intimidad de la persona singular, tiene que amalgamarse con la aceptación de las pautas igualmente democráticas que norman la persona plural o “el nosotros social” de la comunidad, y plasman los caracteres distintivos del interés público que no puede vulnerarse desaprensivamente. Se define así con firmeza el sentido individual y colectivo de responsabilidad, que genera el marco de valores aceptados voluntariamente, dentro de una cultura civil, como base para el funcionamiento consiguiente del ordenamiento jurídico-legal.
De la misma manera, la voluntad de discutir y concertar sobre lo esencial de un proyecto nacional, por parte de todos los sectores, no sólo políticos sino también sociales, debe superar y enriquecer el mero esquema del acatamiento a la mayoría y el respeto a las minorías estipulado en la formalidad democrática. Muchas veces en esas minorías electorales se encuentran franjas de significación empresarial, profesional y técnica cuyo concurso activo es indispensable para asegurar el éxito de la políticas públicas de producción y desarrollo, venciendo las presiones externas del capitalismo especulativo dominante.
No se trata de reprimir las legítimas reivindicaciones económicas y sociales inherentes a la dinámica republicana, sino de canalizarlas sobre el eje de las disidencias y coincidencias programáticas de la vida democrática; donde lo único que hay que descartar es el riesgo de desborde de los extremos beligerantes que se vuelven violentos. En un clima enrarecido por grupos sectarios de este tipo, los ciudadanos pierden su capacidad real de participar pacíficamente en el ejercicio del sistema que, por doctrina y elección, les corresponde y pertenece.
Los grandes objetivos nacionales, pues, tienen que formularse con claridad y precisión, para lograr su aprobación como coincidencias fundamentales en el ámbito parlamentario, y enseguida en el campo social más amplio posible, para que nadie pueda comprometer su éxito cualquiera sea el color del partido gobernante. De no ser así, la fragmentación política, la fragilidad social, la masificación mediática y la multiplicación de las protestas y reclamaciones de toda índole, harán su cosecha lamentable de incertidumbre e inestabilidad.
La pedagogía mutua de la construcción comunitaria
Nadie es una personalidad libre hasta que aprende a respetar al prójimo, porque “el nosotros no opera como una negación de las individualidades, sino como una reafirmación de ellas en función comunitaria” (Perón). En estos términos la colaboración social es posible, máxime ante la crisis ostensible de los regímenes de uno y otro signo que han fracasado en sus propuestas extremas y tratan ahora de revertir su ideologismo. Baste recordar que “el fondo consciente que presta contenido a la verdadera liberación es la autodeterminación de los pueblos”, y que ésta no puede posponerse a los arbitrios de las dictaduras ni de las corporaciones.
La evolución es insoslayable, a pesar de retrocesos eventuales, y se manifiesta en la fuerza de los movimientos sociales; en particular cuando éstos saben trascender la reiteración de protestas sin propuestas, y demuestran solvencia política y técnica en sus proyectos de superación. Lo técnico aislado, en cambio, en manos de un clasismo tecnocrático, es otra forma de opresión inaceptable, que deserta con facilidad de interés nacional. Para la nueva etapa, entonces, hay que “adecuar el dispositivo de las organizaciones sociales”, con la misma dosis de necesidad y realismo que presidiera sus momentos fundacionales.
Para que sea factible y menos costoso el pasaje “del disfrute privado del bienestar al disfrute social” hay que abrir nuevas perspectivas de trabajo, educación y comunicación, comprometiendo el esfuerzo valioso de cada uno, pero sin sacrificar de por vida a nadie. El esfuerzo estimula si se cumplen sus metas y se adquieren sus logros, mientras que el sacrificio inmerecido subleva por un principio elemental de justicia y dignidad. El sistema de conducción, desdoblado con cuadros capaces y laboriosos, que hoy faltan, tiene que llegar hasta el último lugar para garantizar proyectos racionales y transparentes que tengan su clave en el apoyo mutuo y la cooperación.
Es sabido que, en el arte de conducir, un liderazgo sólido se potencia aún más cuando adjunta humildad y paciencia. Esto permite y promueve una participación que desea hacerse oír para actuar con conciencia. No es el monólogo ni el temor lo que allí se percibe, sino una pedagogía mutua de construcción comunitaria. Por ella aprenden simultáneamente quienes administran, en función de un orden civil imprescindible, y quienes se involucran socialmente con voluntad de cambio. No hay otra forma de corregir aquellos comportamientos individuales o estructurales que se evidencian inoperantes o dolosos, y cuya defensa u omisión siempre desgasta en el tiempo.
Por lo demás, es imposible liderar un pueblo desorganizado, y con sectores bajo el tumulto de los agitadores, que son funcionales al regreso del pasado al afectar, por el caos sistemático, la legitimidad del reclamo de equidad y progreso. El máximo logro del justicialismo histórico fue, a diferencia de algunas situaciones actuales, un periodo de transformaciones sociales en paz y con ideales espirituales. No fue el triunfo frío de las estadísticas, ni el reino excluyente de las reivindicaciones materiales. Sin duda, hubo muchos problemas y se cometieron errores, pero su significación y vigencia es tal que, a un lado y otro del espectro político argentino, aún se lo invoca, de diversas maneras, para ganar elecciones.
La vida individual es imposible sin la comunidad en cuyo seno se gesta, protege y desarrolla; pero la comunidad nunca alcanzaría verdadera dimensión política, sin el reconocimiento de la dignidad de la persona humana. Se afirma así el rol a la vez autónomo y colectivo del ciudadano como un concepto integrador de derechos y deberes; ya que deberes sin derechos equivaldría a sumisión y derechos sin deberes al desborde y al caos.
La democracia, dentro de esta definición ideal, es el sistema que permite una mejor convivencia, considerando que sus integrantes, al hablar y actuar por sí en las acciones y decisiones de conjunto, se hacen responsables de las leyes y normas que ellos mismos determinan. Los ciudadanos, pues, se constituyen en sujetos coprotagónicos del poder democrático, y tienen la condición de ser portadores y portavoces del sentido político de la sociedad, y la facultad de elegir y ser elegidos dirigentes.
Es esencial al funcionamiento democrático la discusión y el debate de los asuntos públicos que dan origen y mantienen al Estado como organización jurídica de la sociedad. Para ello, plantea el intercambio recíproco y en paridad de argumentos y comentarios de cada parte, dentro de la mayor libertad de expresión, para buscar las posibles razones compartidas del bien común. En teoría, esta libertad presupone que cada uno pueda comunicarse e informarse de igual a igual, sin la coacción de ninguna forma de censura estatal o manipulación periodística privada.
Como proceso histórico, la democracia política ha impulsado los movimientos revolucionarios destinados a expropiar a favor del pueblo, los monopolios de autocracias y oligarquías sobre las fuentes de expresión y decisión política de conjunto. En nuestro caso, implementando el régimen republicano, representativo y federal establecido en el orden constitucional. De este modo, al intervenir la ciudadanía en nombre propio, con sus respectivas idiosincrasias sociales y territoriales, en las decisiones políticas colectivas, queda abierto el largo ciclo del desarrollo y perfeccionamiento de las instituciones del país.
La comunidad socialmente solidaria
Llega el momento de reflexionar sobre lo dicho, no en el tono de un ensayo de abstracciones teóricas y retóricas, con principios inobjetables pero procedimientos cuestionados en la práctica concreta. Porque la libertad política, por sí sola, tiende a ser inhibida por nuevos monopolios de orden económicos; y la libertad de expresión a ser coartada por la manipulación mediática a escala masiva. Luego, acontece la impotencia o incapacidad del estamento representativo, con su crisis de credibilidad; y se produce la abrogación de lo público y la sustitución de la democracia por los grupos de poder.
Sucede que, como lo advirtieran desde siempre los pensadores clásicos, la democracia real para su propia salvaguardia, necesita un equilibrio entre los principios inalienables que protegen los derechos de las personas, y los criterios que permiten la realización de la colectividad como unidad de destino. Por el contrario, el exceso de individualismo exarceba el egoísmo, la indiferencia y la desarticulación social; y el exceso de colectivismo desemboca en la uniformación, la mediocridad y el totalitarismo.
En la concepción de la comunidad organizada, como profundización y complementación de la participación política, por obra de la participación social, la noción de “pueblo” encarna a toda la sociedad, fuera de cualquier acepción parcial o facciosa. Al par que la noción de “ciudadano” o “vecino”, no obstruye ni descarta la necesidad de construir un mismo marco de convivencia, que es imposible sin la colaboración mutua.
Como existe de hecho una desigualdad económica manifiesta, con sus efectos negativos sobre la calidad de vida de la mayoría o de gran parte de la gente, se hace indispensable tratar de mejorar y hasta de igualar las posibilidades y oportunidades de desarrollar su potencial. Para abarcar esta tarea con eficacia, es preciso contar con algo más que el asistencialismo del gobierno centralizado. Es decir: con el apoyo inteligente de un Estado descentralizado y amoldado a las distintas realidades sociales y territoriales; y especialmente, con la autoayuda metódica que deben desplegar los propios destinatarios mediante sus organizaciones libres de naturaleza comunitaria (autoconvocadas y autogestionadas).
El sentido individual y colectivo de responsabilidad
La valoración prioritaria de la libertad, centrada en la defensa de la privacidad e intimidad de la persona singular, tiene que amalgamarse con la aceptación de las pautas igualmente democráticas que norman la persona plural o “el nosotros social” de la comunidad, y plasman los caracteres distintivos del interés público que no puede vulnerarse desaprensivamente. Se define así con firmeza el sentido individual y colectivo de responsabilidad, que genera el marco de valores aceptados voluntariamente, dentro de una cultura civil, como base para el funcionamiento consiguiente del ordenamiento jurídico-legal.
De la misma manera, la voluntad de discutir y concertar sobre lo esencial de un proyecto nacional, por parte de todos los sectores, no sólo políticos sino también sociales, debe superar y enriquecer el mero esquema del acatamiento a la mayoría y el respeto a las minorías estipulado en la formalidad democrática. Muchas veces en esas minorías electorales se encuentran franjas de significación empresarial, profesional y técnica cuyo concurso activo es indispensable para asegurar el éxito de la políticas públicas de producción y desarrollo, venciendo las presiones externas del capitalismo especulativo dominante.
No se trata de reprimir las legítimas reivindicaciones económicas y sociales inherentes a la dinámica republicana, sino de canalizarlas sobre el eje de las disidencias y coincidencias programáticas de la vida democrática; donde lo único que hay que descartar es el riesgo de desborde de los extremos beligerantes que se vuelven violentos. En un clima enrarecido por grupos sectarios de este tipo, los ciudadanos pierden su capacidad real de participar pacíficamente en el ejercicio del sistema que, por doctrina y elección, les corresponde y pertenece.
Los grandes objetivos nacionales, pues, tienen que formularse con claridad y precisión, para lograr su aprobación como coincidencias fundamentales en el ámbito parlamentario, y enseguida en el campo social más amplio posible, para que nadie pueda comprometer su éxito cualquiera sea el color del partido gobernante. De no ser así, la fragmentación política, la fragilidad social, la masificación mediática y la multiplicación de las protestas y reclamaciones de toda índole, harán su cosecha lamentable de incertidumbre e inestabilidad.
La pedagogía mutua de la construcción comunitaria
Nadie es una personalidad libre hasta que aprende a respetar al prójimo, porque “el nosotros no opera como una negación de las individualidades, sino como una reafirmación de ellas en función comunitaria” (Perón). En estos términos la colaboración social es posible, máxime ante la crisis ostensible de los regímenes de uno y otro signo que han fracasado en sus propuestas extremas y tratan ahora de revertir su ideologismo. Baste recordar que “el fondo consciente que presta contenido a la verdadera liberación es la autodeterminación de los pueblos”, y que ésta no puede posponerse a los arbitrios de las dictaduras ni de las corporaciones.
La evolución es insoslayable, a pesar de retrocesos eventuales, y se manifiesta en la fuerza de los movimientos sociales; en particular cuando éstos saben trascender la reiteración de protestas sin propuestas, y demuestran solvencia política y técnica en sus proyectos de superación. Lo técnico aislado, en cambio, en manos de un clasismo tecnocrático, es otra forma de opresión inaceptable, que deserta con facilidad de interés nacional. Para la nueva etapa, entonces, hay que “adecuar el dispositivo de las organizaciones sociales”, con la misma dosis de necesidad y realismo que presidiera sus momentos fundacionales.
Para que sea factible y menos costoso el pasaje “del disfrute privado del bienestar al disfrute social” hay que abrir nuevas perspectivas de trabajo, educación y comunicación, comprometiendo el esfuerzo valioso de cada uno, pero sin sacrificar de por vida a nadie. El esfuerzo estimula si se cumplen sus metas y se adquieren sus logros, mientras que el sacrificio inmerecido subleva por un principio elemental de justicia y dignidad. El sistema de conducción, desdoblado con cuadros capaces y laboriosos, que hoy faltan, tiene que llegar hasta el último lugar para garantizar proyectos racionales y transparentes que tengan su clave en el apoyo mutuo y la cooperación.
Es sabido que, en el arte de conducir, un liderazgo sólido se potencia aún más cuando adjunta humildad y paciencia. Esto permite y promueve una participación que desea hacerse oír para actuar con conciencia. No es el monólogo ni el temor lo que allí se percibe, sino una pedagogía mutua de construcción comunitaria. Por ella aprenden simultáneamente quienes administran, en función de un orden civil imprescindible, y quienes se involucran socialmente con voluntad de cambio. No hay otra forma de corregir aquellos comportamientos individuales o estructurales que se evidencian inoperantes o dolosos, y cuya defensa u omisión siempre desgasta en el tiempo.
Por lo demás, es imposible liderar un pueblo desorganizado, y con sectores bajo el tumulto de los agitadores, que son funcionales al regreso del pasado al afectar, por el caos sistemático, la legitimidad del reclamo de equidad y progreso. El máximo logro del justicialismo histórico fue, a diferencia de algunas situaciones actuales, un periodo de transformaciones sociales en paz y con ideales espirituales. No fue el triunfo frío de las estadísticas, ni el reino excluyente de las reivindicaciones materiales. Sin duda, hubo muchos problemas y se cometieron errores, pero su significación y vigencia es tal que, a un lado y otro del espectro político argentino, aún se lo invoca, de diversas maneras, para ganar elecciones.
No hay comentarios:
Publicar un comentario