Honduras: ¿El modelo golpista de la etapa actual?

La ecuación guerra externa - guerra interna en la concepción hegemónica

Hace tiempo hemos descripto la teoría que vincula, en la seno del hegemonismo, las alternativas de la guerra externa de la proyección imperial, con las vicisitudes que van preparando y produciendo guerras internas en la retaguardia de su área geopolítica de dominación. El caso anterior, fue la retirada de Vietnam, cuyo síndrome derrotista fue compensado por el giro a la derecha represiva de las dictaduras locales de la llamada “doctrina de la seguridad”, que polarizó nuestra América en las décadas de la Guerra Fría.

En el caso actual, a la luz del empantanamiento estadounidense en Irak, el síndrome derrotista respecto de una retirada escalonada, pero ya anunciada, podría ser compensado con un ajuste de cuentas en Centro y Suramérica, dando inicio a una nueva etapa autoritaria, donde el adversario ayer “marxista” se convertiría en “populista”. Teóricamente esta conjetura debe ser considerada en términos de posibilidad, como el plano superior de un marco de referencia que, desde luego, tiene otros factores más localizados y concretos. Pero la teoría sirve para la comprensión estratégica del ala dura del Pentágono, que en forma coordinada ha realizado al menos tres operaciones importantes: la reactivación de la IV Flota; el establecimiento de siete bases en Colombia; y el golpe de estado en Honduras.

En esta visión, que descubre la anunciada “remilitarización” de América Latina desde arriba, el poder naval significa una fuerza de presencia, presión y control sobre las vías marítimas del comercio internacional, especialmente de petróleo y alimentos. Mientras, las bases fijadas en el continente con múltiples direcciones operacionales, materializan una disuasión cercana que potencia la “diplomacia militar” norteamericana, afectando a la naciente Unasur y su proyecto de defensa regional autónoma.

En este cuadro se produjo el golpe en Tegucigalpa del 28 de junio de 2009 que, sin perjuicio de sus motivaciones locales, es imposible imaginar sin el visto bueno de los respectivos referentes militares norteamericanos de la cúpula castrense hondureña. Esto es así por varias razones, empezando por el hecho de que su territorio aloja la más importante base de los EE.UU. en Centroamérica; y por haber sido utilizada la frontera de este país con Nicaragua, como santuario operativo de la “contra” sobre la revolución sandinista. Por esta causa, los cuadros de sus fuerzas armadas, retirados o activos, fueron y son los menos afectados por las políticas de derechos humanos que se implementaron, con distinto grado de acción, en nuestros países al retorno de la democracia.

Perfil de un “nuevo” estilo de golpe

Es importante estudiar los rasgos fundamentales del golpe hondureño, porque sus causas, componentes y consecuencias tendrán indudable proyección en tiempo y espacio en la nueva etapa inaugurada con la doble crisis -financiera y militar- de EE.UU., que impulsa ahora un proceso de recuperación económica y reordenamiento político y geopolítico. El propio presidente Barak Obama representa la ambigüedad de la situación, que puede orientarse hacia el ideal declarado de “cooperación” -con énfasis en las relaciones civiles y diplomáticas- o retroceder a las posiciones militaristas de un concepto unipolar y unilateral.

De la misma manera, la decisión del golpe en algún lugar del poder, es un disparo por elevación sobre la voluntad de conducción de Obama, y sobre la voluntad negociadora del Departamento de Estado, hoy a cargo de Hillary Clinton, una mujer frontalmente resistida por la derecha republicana. Hay que pensar que, en la tesis de ilimitación del espacio imperial, no existe distinción marcada entre política interior y política exterior, lo que nos define y subestima como “patio trasero”.

En la azarosa vida institucional de los países de América Latina, quizás nunca haya habido golpes exclusivamente militares. Siempre, en cambio, existieron fuertes sectores políticos y empresariales -y de otros factores de poder- involucrados en las interrupciones violentas del orden constitucional. Pero es evidente que el componente civil fue clave en este golpe, incluyendo dirigentes de todos los partidos, legisladores, jueces y, sobre todo, representantes del poder económico. Sin embargo, hay algo cierto: el golpe en sí no se hubiera producido sin la intervención decisiva y organizativa de las fuerzas armadas, y la acción represiva de la policía, encuadrada bajo la influencia de aquellas.

Tenemos así categorizado un golpe cívico-militar, envuelto en un discurso ideologizado pronorteamericano, pero en los viejos términos de la administración Bush, con el destaque de la intromisión venezolana del presidente Hugo Chávez y la colaboración del liderazgo nicaragüense encabezado por el comandante Daniel Ortega. Paralelamente, los prejuicios tradicionales sobre El Salvador, ahora gobernado por el Frente Farabundo Martí, aunque con el moderado e independiente presidente Mauricio Funes. En fin, un mensaje funcional a la remilitarización hemisférica, como alternativa retrógrada a los problemas sociales de la crisis del sistema, agravados en Honduras por estructuras históricas de explotación reaccionaria.

Lecciones históricas sobre la reforma y el golpismo

Sin entrar en el detalle cronológico de los hechos, hay algunas lecciones generales que extraer del ambiente preparatorio del golpe que, aunque no lo justifican en absoluto, ofrecen elementos considerados de provocación, aprovechables por los sectores extremos. Entre estas enseñanzas, hay que destacar la inconveniencia de giros políticos abruptos, sin una prédica persuasiva, constante y progresiva que explique las reformas necesarias, sus objetivos y los procedimientos para lograrlas en un marco posible de consenso. Esta prédica debe alcanzar a las fuerzas armadas, de seguridad y policiales, no en términos de partidización, sino de toma de conciencia de los problemas sociales más graves, que son la causa objetiva de toda indefensión e inseguridad.

De igual forma, hay que fortalecer la formación humanista de los cuadros de estas instituciones del Estado, que deben asistir al bien común de todos los ciudadanos, y no servir de guardias pretorianas de los intereses facciosos de los grupos de privilegio. Todas las dictaduras a su turno, cometen los mismos errores, en una espiral creciente de represión política y social que, tarde o temprano, satura la sociedad con su violencia y hace poco rentable en lo estratégico el proceso represivo, que luego se vuelca en sentido contrario, sin que sus aliados e incitadores los defiendan ni en lo moral ni en lo jurídico (juicios y sentencias por violaciones a los derechos humanos).

Finalmente, la movilización constante de los sectores populares, y el ejercicio cada vez menos espontaneísta y más orgánico de la resistencia, terminan por generar nuevas estructuras políticas y sociales, con las que definitivamente hay que contar y tratar, en las instancias ineludibles de la restauración democrática. Esta es la dinámica que se potencia ante la decadencia de los estamentos partidarios preexistentes a la crisis; en particular cuando se despierta en la multitud un deseo de mayor presencia y participación en el orden civil y económico del país, y en el control democrático de los poderes institucionales.

El divisionismo y la violencia son antivalores a descartar aún por la resistencia democrática más legítima, porque sectarizan y desprestigian su causa. La convocatoria, en cambio, debe ser amplia y equilibrada, dirigida al conjunto de la comunidad, sin ideologizar el discurso “por izquierda”, que suele ser funcional a las acciones retardatarias “por derecha”. En esta brecha, que el tiempo de los excesos profundiza, las franjas más auténticamente populares del país quedan atrapadas, desconcertadas y sin expresión política propia.

La actuación excepcional de Brasilia

Frente a la realidad de este “nuevo” tipo de golpe, en los inicios de una etapa definida por el avance evidente del multipolarismo, gracias a los procesos de integración regional, se distingue la actuación de Brasilia, que constituye una excepción a su conducta diplomática en estos casos. En efecto, tradicionalmente Itamaraty -la prestigiosa cancillería brasilera- ha postulado la “no intromisión” en los asuntos internos de otros estados; incluyendo la abstención en votaciones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas contra regímenes autoritarios y represivos.

Esta posición, a veces demasiado “flexible”, también ha moderado su respuesta en política exterior, donde otros países suramericanos fueron más duros, respecto a las iniciativas militares del Pentágono, que ya hemos citado; prefiriendo que el discurso de resistencia a tales medidas tuviera como protagonistas a Bolivia, Ecuador y Venezuela. Sin embargo, es manifiesta ahora su coordinación con el gobierno de Caracas, en el regreso anticipado de Manuel Zelaya a su patria, culminando su ingreso subrepticio a Tegucigalpa con el sorpresivo refugio del presidente derrocado en la Embajada del Brasil.

Esta actitud audaz, aunque con riesgo calculado como corresponde a una conducción coherente, supera en mucho las simples declaraciones de rechazo al golpismo, y el natural acompañamiento a las gestiones muy medidas de la Organización de Estados Americanos - OEA presidida por el chileno José Miguel Insulza, un hombre ligado a EE.UU. De allí el carácter de excepción que pone a prueba la regla, al dar el presidente Lula la “bienvenida” y “protección” a Zelaya en el territorio brasilero representado por la inmunidad diplomática de su legación allí.

Hay que analizar, entonces la actuación del Brasil, en una combinación equilibrada de liderazgo político encarnado en el presidente Lula, y de procedimientos diplomáticos a cargo de Itamaraty, para dar una imagen fuerte y de alcance extra-regional en defensa del sistema democrático de un país centroamericano, en una zona de estrecha vigilancia estadounidense. Y hacerlo, sin caer en un extremo “intervencionista” o de perfil subimperial, que sería contraproducente para sus aspiraciones de referente regional ante el continente y el mundo.

El Brasil y el poder regional

Es en esta dimensión donde se advierte el concepto estratégico de la operación Honduras, porque el punto culminante del ingreso de Zelaya a la embajada brasilera, el 21 de septiembre de 2009 y su continuidad, estuvo enmarcado por sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, con la presencia en Nueva York de todos los Jefes de Estado y de gobierno del mundo. En este escenario propicio, la solicitud -rápidamente concedida- de una reunión de emergencia del vital Consejo de Seguridad, dio oportunidad al canciller Celso Amorím a participar protagónica y mediáticamnente de las deliberaciones y su conclusión favorable y unánime.

Si tenemos en cuenta la sucesión de reuniones multilaterales, con amplia cobertura periodística, del G 20 en Pittsburgh y la cumbre en Caracas de América del Sur y Africa - ASA, esta última el 25 del mismo mes, advertiremos el objetivo cumplido por un país de la categoría BRIC, en su impulso central de alcanzar el poder regional. Por no citar los recientes acuerdos Lula-Chávez de complementación en el sector petrolero; y tácitamente su resguardo mutuo del alcance operativo de las bases colombo-estadounidenses sobre las áreas andinas y amazónicas y sus extraordinarios recursos.

Brasil sabe que, sin peso diplomático y militar, el desarrollo económico y comercial es un proceso siempre acotado por las corporaciones transnacionales, que determinan el mercado mundial según sus intereses. Especialmente, cuando las grandes corporaciones movilizan la fuerza geopolítica y estratégica de las potencias, para preservar ese mercado aún de los cambios más legítimos y urgentes. La manipulación de los precios internacionales de los recursos energéticos y de la producción alimenticia, por parte de los monopolios globalizados, es un claro ejemplo de ello. De igual modo que lo es el mercado de la gran especulación financiera, regida por Wall Street, que no se ha modificado en nada desde su supuesto colapso.

La teoría de “los dos Obama”, el reformador y el conservador –quizás por impotencia política- flota entre los presidentes de los países que quieren salir de la subordinación y entrar en la cooperación posible de un nuevo orden internacional. Por eso la expresión “hay que ayudar a Obama”, que recorre el discurso de un amplio y variado arco de opciones políticas en los estados periféricos, pretende gravitar, de algún modo, en la lucha interna de las élites imperiales enfrentadas por cuestiones de poder presente y futuro.

Por lo demás, el pasaje abrupto de las economías más o menos nacionales, a un sistema prepotente de globalización asimétrica e injusta, requiere su morigeración y corrección por obra del equilibrio de un mundo multipolar, sin excesos hegemónicos de nadie. Los procesos de integración económica, política y militar son los encargados precisamente de construir estas nuevas y grandes unidades geopolíticas que, no sólo relacionan activamente a países vecinos, sino que se abren a relaciones inter-regionales e inter-continentales de mutua conveniencia e incalculable magnitud.

Comunicación integrada: privada, pública y social

Lo público y lo privado en los fundamentos democráticos

Con la creación de la democracia como institución histórica fundamental de la civilización occidental, en la época de las Ciudades-Estado de la antigüedad, se consagró la distinción clave en dos espacios organizativos de la vida de las comunidades humanas: lo privado y lo público. La familia constituía lo privado, como célula básica de la sociedad, donde el padre detentaba una autoridad absoluta, y el derecho a la privacidad que el poder estatal debía respetar. Y lo público era la política, que reunía en sus plazas a todos los ciudadanos para conocer, participar y comprometerse en las decisiones colectivas.

En el espacio privado, nadie quería ser visto ni oído, para mantener un ámbito sólo reservado a los parientes y amigos; pero en el espacio político, todos deseaban ser protagonistas públicos de los acontecimientos comunitarios. Así, el derecho sagrado a la “privacidad”, iba acompañado del derecho ciudadano a la “publicidad”, y del deber de expresarse e involucrarse ineludiblemente en los asuntos de paz y guerra donde se jugaba el destino de la “polis”.

Obviamente, ésta es una síntesis elemental, de un fenómeno histórico pleno de matices interpretativos, que cualquier estudioso puede percibir en la evolución de las instituciones; pero siempre a partir de un concepto profundo y aún vigente: ni lo político debe invadir lo privado, ni los intereses privados deben contaminar lo público en términos de apropiación del poder, entornos de influencia o círculos de corrupción. Este ideal, enunciado por los padres del pensamiento fundador de la república, como aspiración universal, muchas veces naufragó por acción de las tiranías y los imperios de turno.


La aparición del espacio social y su legitimidad

A pesar de todo, el modelo esencial de la democracia perduró -aún dentro de las formas de la monarquía constitucional, con ministerios parlamentarios- dando paso por evolución a un tercer ámbito: el espacio social; ni estrictamente público, ni estrictamente privado. Este espacio se abrió y se desarrolló en el marco de las Naciones-Estado, donde se generaron grandes corporaciones gremiales, ligadas al pasaje histórico del feudalismo y la nobleza decadente, al mercantilismo en manos de las nacientes burguesías.

Estos gremios vinculados a la producción artesanal fueron, sin duda, los antecesores organizativos de los sindicatos del capitalismo industrial, con una doble acción reivindicativa sobre los espacios funcionales preexistentes. Respecto al ámbito privado centrado en la familia, luchaban por acceder a los derechos sociales, surgidos de necesidades básicas insatisfechas: alimentación, vivienda, salud, educación y asistencia. Respecto al ámbito público, centrado en los gobiernos y el aparato estatal, presionaban por una mayor justicia social y la concreción de los derechos civiles, negados o limitados por la práctica política de entonces.

En este salto histórico, y ya entrada la época contemporánea, las organizaciones sindicales y las organizaciones populares en general -no siempre bien contenidas por los partidos políticos liberales, encarnados principalmente en la pequeña burguesía- fueron la base de grandes movimientos nacionales, inmersos en la lucha social de cada país y en el combate paralelo al neocolonialismo. El fin de la II Guerra Mundial, fue un hito importante de esta trayectoria, por el ocaso de las viejas metrópolis europeas, dando paso a los respectivos movimientos de liberación en Asia, África y América Latina.

Estos movimientos, con sus distintos rasgos culturales, consolidaron y proyectaron el tercer espacio, o espacio social, con énfasis en la mayor participación de la sociedad civil, y el surgimiento y desarrollo de las organizaciones intermedias o libres, autoconvocadas y autogestionadas en la base misma de la democracia representativa. Entre las décadas del 40 y del 70 se verificó el mejor momento de la movilización dirigida a lograr conquistas sociales; pero este ciclo se interrumpió y revirtió con la irrupción de las dictaduras represivas originadas en la Guerra fría, que continuaron hasta la década de los 80.


La usurpación de las transnacionales

Contrariamente a lo esperado, la Posguerra Fría [1989-2009] no fue favorable al progreso social, sino a la prepotencia del llamado “capitalismo salvaje” -o capitalismo sin reglas- que, vía el Consenso de Washington, forzó la reducción estructural del Estado y la privatización de las empresas públicas; la apertura irrestricta de nuestras economías a la especulación financiera transnacional; y en este marco, la reducción y precarización del empleo y la exclusión laboral de grandes contingentes populares.

En tal contexto de enajenación económica y cultural, acentuada en los países dependientes, se desalojó a las organizaciones sociales de su espacio natural; y éste fue ocupado crecientemente por las corporaciones mediáticas de la globalización asimétrica y sus cadenas locales subordinadas. Esto ocurrió por un doble proceso involutivo: por un lado, la falta de energía y de presencia de las estructuras laborales, sindicales y sociales impactadas por la corrupción; y por el otro, la astucia del poder mediático para instalarse como “comunicación social”, pero para hacer precisamente lo contrario.

Desde esta posición, enmascarada en el arco ideológico, este poder muchas veces actuó y actúa contra la cohesión familiar, mediante la promiscuidad, la pornografía, la apología de las adicciones y la violencia, y la exaltación de la frivolidad, atacando de hecho el vínculo ético del entramado social y la identidad cultural de la comunidad. A la vez, cambiando tácticamente de frente, presionó y presiona sobre el poder político, cuestionando las gestiones y personalidades públicas, a favor de los intereses crudamente económicos que suele postular o defender; cuando no inventando falsos liderazgos políticos al tono.


Los medios integrados en el seno de la identidad cultural

Planteado el problema, en forma que esperamos sea clara y sencilla, corresponde ofrecer algunas vías prácticas de solución, ingresando así al debate en curso sobre la reforma mediática que, dada su necesidad, habrá de concretarse tarde o temprano. En principio, hay que aclarar sofismas que confunden el análisis objetivo, como aquél que resulta de encuadrar en la categoría “privada” -que evoca la libertad e intimidad de la persona humana- a un poder que en realidad viene de la apropiación del espacio social perteneciente al conjunto de la comunidad. Por este camino incierto, la “libertad de prensa” se convierte en “libertad de empresa”; es decir en el negocio de la comunicación, muchas veces sin responsabilidad ética ni social alguna.

El derecho primordial, que es el derecho a la expresión de todos y cada uno de los ciudadanos, se conculca por este procedimiento demoliberal, que a nombre de un individualismo exacerbado, en rigor masifica e insectifica a la gente. Se ensalza en lo ideológico un “pensamiento único”, en vez de una actitud creadora y transformadora de fuente pluralista; y se consiente en lo estratégico una actitud unipolar y unilateral, que trata de justificar el hegemonismo y descartar el valor de los procesos propios de integración regional.

Por lo demás, la antinomia individualismo-colectivismo no corresponde al modelo argentino del proyecto nacional, que propugna la realización conjunta y armónica de la persona y la comunidad, sin postulaciones extremas. El equilibrio necesario en la comunicación, entonces, exige, entre otras cosas, ir reemplazando el exhibicionismo de aquellos pequeños movimientos transgresores -sin contenidos de dignidad humana-, por el protagonismo de los movimientos reformadores, de auténtico cuño solidario.


El valor de la armonía, la participación y la cooperación

De manera similar, hay que brindar una información ecuánime, con redes propias públicas y comunitarias, e interpretaciones de la situación desde una perspectiva de pertenencia cultural, como se hace en todas las otras regiones del globo. Giro necesario, en este plano, respecto de la saturación informativa de las redes transnacionales, sus análisis teledirigidos y la manipulación “culturosa” que desconoce la producción nacional, que esas corporaciones no transmiten al mundo, porque según ellas sólo existimos para las malas noticias.

En cuanto a la producción mediática, la descentralización debe primar sobre el excesivo centralismo de la globalización; y la difusión tiene que integrarse por regiones para combatir el flagelo de la masificación, que sólo fomenta conductas uniformadas en la pasividad. En fin, una comunicación lo más interactiva posible, cuya propiedad vaya pasando de los monopolios actuales, que ejercen un poder político y económico, fuera de todo principio de representación y supervisión democrática. El futuro merece también en este campo, un destino común de participación y cooperación.

La etapa de transición hacia un verdadero proyecto de país, exige la confluencia de las reformas imprescindibles en el campo económico, social y político. El empresariado, debe redefinir su rol en el aporte al destino comunitario. Las organizaciones sociales, tienen que actualizarse pasando de la protesta a la propuesta, con sugerencias positivas y factibles de realización. Y las fuerzas políticas, necesitan mejorar sus programas de acción y seleccionar correctamente sus recursos de capacitación y dirección, para recuperar la credibilidad y la representatividad perdidas. Porque no se trata sólo de administrar un Estado y reformar sus normativas, sino de promover la información, la educación y la comunicación para un desarrollo pleno y justo.

Libertad de expresión sin censura ni monopolio

Los medios mediatizan las relaciones humanas y sociales

La presentación de un proyecto del ejecutivo para su tratamiento legislativo, dentro del funcionamiento normal del sistema republicano y el régimen democrático, propone cambiar y actualizar una normativa sobre comunicación social impuesta por la última dictadura. Este hecho de por sí justifica el intento, máxime considerando la innovación tecnológica tan notable que revolucionó aceleradamente el campo de la información y la transmisión de datos y noticias. A este debate parlamentario se ha sumado también toda una serie de sectores, empresas y ciudadanía en general, dada la relación directa que, en el mundo actual, tiene esta actividad respecto a las cuestiones políticas y económicas que afectan nuestra vida cotidiana.

Es conveniente intervenir en esta discusión con una solvencia conceptual, producto de criterios doctrinarios esenciales y reflexiones de sentido común, porque el fenómeno de la información y comunicación acontece en la propia estructura de las relaciones humanas y sociales, cuyos vínculos construye y modifica, muchas veces, por obra de grupos de influencia, presión y poder. Por esta razón, hay que partir del derecho fundamental, que es la libertad de expresión, sin la cual no existe ni la democracia representativa, ni su necesario perfeccionamiento por evolución de la participación comunitaria.

Esta “intermediación” del poder mediático, entre los diferentes agentes sociales y grupos humanos, es hoy más que nunca particularmente relevante, dada la crisis general de representatividad de todos los partidos políticos. De igual modo, este poder, en forma explícita o implícita, “mediatiza” la acción comunitaria participativa, transformando o sustituyendo las iniciativas, propuestas y movilizaciones de la gente. Esto sucede porque, al ocupar efectivamente un espacio social, que pertenece al conjunto de la comunidad, se apropia de dicho ámbito según dos extremos igualmente perniciosos: el estatismo y su burocracia, o el privatismo extremo y sus monopolios.

En consecuencia, es clave distribuir con equidad el espacio que materializa la muy amplia gama de vías y modos que corresponde a este campo, para que en él coexistan dinámicamente los medios pertenecientes al Estado -sin generar censura ni manipulación informativa-; los medios privados operados por empresas -sin constituir monopolios con intereses y objetivos desmedidos-; y los medios de las organizaciones comunitarias de todo tipo, que hasta ahora tenían negado acceder a esta herramienta clave del desarrollo social.


El valor de la reflexión y el análisis personal

Sin embargo, ninguna norma legal, por ecuánime que parezca, puede sustituir el desarrollo educativo que requiere el ciudadano común para reflexionar y analizar, con la mayor precisión posible, el cúmulo de noticias, datos y descripciones de hechos que, a veces, estimulan su desinformación e indiferencia, o agreden su identidad ética y cultural. Luego, es decisivo para el ejercicio correcto de la libertad de expresión, la capacidad personal de percibir la dinámica de toda situación en sus distintos componentes y factores de poder; y saber extraer conclusiones operativas del proceso informativo-comunicativo para mejorar su participación individual y orgánica en la vida de la comunidad.

Desde los tiempos fundacionales de la democracia, en la Grecia clásica, esta participación protagónica del ciudadano en la “polis”, implica una tensión conceptual y una lucha cultural entre un pensamiento filosófico que busca la verdad, y un pensamiento sofístico partidario de la apariencia. Tenemos así un esfuerzo por la persuasión, la elocuencia y la educación, en orden a alcanzar el ideal de justicia como fundamento de convivencia; y enfrente, un uso de la manipulación, el rebuscamiento retórico y la vulgaridad, según el caso, en función de relaciones de dominación y dependencia, sea a nivel nacional o social.

Con este juego de poder, se disimulan los instrumentos de especulación financiera y exclusión social que participan, por ejemplo, del “pensamiento único” del modelo de la globalización asimétrica; y se fomenta un pesimismo proclive a la pasividad, el desencanto político, el escándalo público, y una visión cínica del mundo sin principios ni valores; especialmente para evitar que las conductas éticas se vinculen al liderazgo de la cuestión social en sus diversas manifestaciones.

De modo paralelo, al énfasis en la ruptura de lo ético y lo social -que ignora las conductas correctas o las difama-, en la técnica periodística de esta concepción, se acentúan las tragedias humanas del esquema del capitalismo sin reglas, como si fueran producto anónimo de la casualidad, el caos o la desidia de algunos pueblos. Todo esto en el marco de la información-espectáculo; la distracción noticiosa; la información paga y las denuncias impunes que destruyen honras sin derecho a réplica.


Prevenir la imposición informativa

Sea por la vía estatista de los sistemas totalitarios, sea por la vía privatista extrema de los sistemas imperfectamente democráticos, el manejo inequitativo de la comunicación implica una verdadera dictadura expresiva, por la imposición de información controlada y dirigida. Para ello, las cadenas locales e internacionales se conducen por medio de primicias unilaterales que convienen a determinado interés político o económico, uniformadas en su interpretación y masificadas en su difusión. Tal es la forma en que se excluye el pensamiento diferente de pensadores, ideas y propuestas que no comulgan con los círculos centrales de poder.

Es importante subrayar el efecto demoledor que la imposición informativa, desde cualquier ángulo ideológico, tiene sobre el gran potencial de proyectos espontáneos o naturales propios de toda sociedad; debilitando y atrasando el desenvolvimiento humano y comunitario. Por consiguiente, la lucha por la realización personal, social y nacional, empieza en el derecho a pensar y a expresar ese pensamiento con libertad; evitando el establecimiento de redes inhibitorias de ideas y sentimientos imprescindibles al desarrollo, la solidaridad y la responsabilidad de la comunidad.

Es menester entonces participar, con nuestra propia opinión y nuestra propia acción, del acto refundacional de la comunicación social argentina, sabiendo que el plexo de principios y valores que sea capaz de asegurar en la práctica, trasciende toda coyuntura y discusión politizada. Aquí hay que superar la antinomia oficialismo-oposición, para extraer criterios comunes por el diálogo crítico pero constructivo; formulando así una verdadera política de Estado y no de partido o sector.

Lo contrario de la imposición es la participación, dando paso y acceso al espacio mediático, en una amplitud proporcional, al gran arco de organizaciones y emprendimientos libres o autogestionados por núcleos comunitarios. Esta apertura, bien diseñada, permitirá la descentralización de la “comunicación social”, para que ésta lo sea efectivamente y no sólo de nombre. Así todos podremos aprovechar la enorme diversidad de alternativas tecnológicas existentes, para interactuar en la transmisión de problemas y soluciones en cuanto a necesidades y aspiraciones fundamentales.

Comprobaríamos rápidamente la potencialidad del aporte teórico y práctico de tantos compatriotas, que quieren salir de la subcultura de la queja y entrar a la cultura de la acción. Esto implica, obviamente, cambiar el clima de confrontación de imágenes y palabras de combate, que a menudo están vacías de contenidos. No se trata, pues, de discutir por discutir, sino de profundizar los análisis para fundamentar aquellas medidas que expresen lo mejor de nuestra sociedad y sus reales motivaciones de progreso.


La concepción cultural de la expresión y la comunicación como diálogo

Para una concepción cultural del diálogo comunitario, hay que considerar que “las personas no comprenden porque escuchan, sino que escuchan porque comprenden”. No es un juego de palabras, ya que pone en primer lugar la categoría clave de la comprensión, que tiene al lenguaje común en el origen del nosotros social. Con él podemos alentar o desalentar determinados lazos de vinculación, que al manifestar distintas voluntades de participación, de organización y de conducción, van estructurando y actualizando las formas institucionales de la sociedad y el Estado.

En esta inteligencia, debatir, discutir y disentir no es opuesto a dialogar, cuando se acepta sinceramente un nivel superior de respeto y un código de entendimiento que puedan guiar las conclusiones comunes en lo esencial. Y este proceso, tarde o temprano, siempre se enmarca en una interpretación colectiva que reconoce puntos afines a una identidad y pertenencia, que no se pueden negar indefinidamente ante el sentido común. Esto hace que el ideal de convivencia no sea ingenuo sino factible, en la medida que establezcamos espacios de encuentro e intercambio, impulsando los modos de asociación y comunicación más reales y constructivos.

III. La“regionalización” del hegemonismo

La hegemonía bélica como custodia de la globalización asimétrica

El fenómeno de la globalización que se acentuó en las últimas décadas, planteando de hecho una “interdependencia” de todos los países a nivel mundial, ha significado un avance asimétrico de los diferentes estados nacionales, en cuanto a fortaleza y prosperidad. En síntesis, ha hecho más ricos a los ricos y más pobres a los pobres por basarse en un sistema sólo aparentemente neutral, impulsado por la “tecnología” como sustituto de las ideologías decadentes del siglo XX: el capitalismo salvaje y el socialismo totalitario.

En realidad, la globalización -como expresión de la expansión ilimitada de las corporaciones transnacionales- no tuvo ni tiene un modelo correlativo en lo político e institucional, a diferencia del capitalismo tradicional ligado directamente a la ideología liberal y al régimen de la democracia representativa; al margen de los vacíos y limitaciones en la práctica histórica de este modelo “demoliberal” en los países dependientes

Hoy, la falta de reglas mínimas de funcionamiento del “orden” internacional -subrrogado por la apología de la técnica, la información monopólica de los grandes medios -también transnacionales-, y la actuación de una burocracia tecnocrática por encima de la soberanía de los estados- ha aumentado la confusión, y aún el caos, en las relaciones internacionales. Esto explica el cúmulo de reuniones cumbres, con diferentes siglas y denominaciones, que tratan de cubrir el vacío de coherencia geopolítica actual.

Pero el visible desorden internacional que sufrimos, encubre una estructura funcional de poder, que se ha construido de facto, siguiendo dos vías distintas pero complementarias. Por un lado, objetivamente, la creación de espacios diferentes, y de algún modo libres de la influencia polarizante de la Guerra Fría; y por el otro, estratégicamente, la aparición de un pensamiento militar unipolar, dispuesto a brindar una estructura de contención, vigilancia y dominio de esa realidad, propia de una nueva etapa histórica.

La tesis de la guerra permanente o perpetua

Como consecuencia, el poder bélico de la primera potencia del mundo, producto del desarrollo hipertrofiado de un proyecto nacional realizado, brindó prácticamente la única estructura funcional para la utopía del gobierno mundial. Esta función de gendarme global, llevó al Pentágono a un despliegue tan costoso como ilimitado, donde todo se percibió como riesgo, peligro o amenaza; incluyendo situaciones antes cubiertas por las fuerzas policiales o la defensa civil [las llamadas “nuevas amenazas a la seguridad”].

De allí surgieron los enormes presupuestos de defensa, al que accedieron las grandes corporaciones que “privatizaron” los servicios armados; y que aún concurren -desde la especulación económica- a la gestación de las “hipótesis de guerra” fundadas en concepciones controvertidas y polémicas, como la guerra preventiva [Bush] y las guerras elegibles u opcionales referidas a la tesis del conflicto armado permanentemente o perpetuo.

Sin embargo, el desarrollo histórico, como siempre, no se produjo en una sola dirección, según suelen predecir las ideologías, sino en formas variadas y en distintos lugares del mundo, siguiendo la dinámica fructífera de la vecindad geográfica y la identidad cultural. Así nacieron los proyectos nacionales de alcance regional y la integración, formalizada o no, de países afines. Indudablemente, el primer caso notable fue la Europa de postguerra, con una unión que -a partir del núcleo franco-alemán- no ha dejado de crecer, a pesar de sus problemas institucionales que interesan poco a los ciudadanos comunes.

En el mismo sentido, surgieron los países del grupo BRIC -Brasil, Rusia, India y China- hoy convocados a un nivel superior de participación en los organismos mundiales relativos al sistema financiero y al esquema de seguridad internacional [FMI, BM, ONU, etc]. Incluso Japón, ubicado entre los tres primeros países de poder económico, ha dado un giro histórico de incalculables consecuencias, comparable a la unificación alemana, con el recambio electoral del partido aliado de EE.UU. por décadas, debido al largo duelo de su rendición en la II Guerra Mundial, bombardeo atómico mediante.

El primer Ministro entrante, Yukio Hatoyama, quiere negociar un acuerdo diferente sobre las importantes bases militares estadounidenses establecidas en territorio nipón, que Washington se ha apresurado a descartar. De todas formas, los analistas especializados, al destacar la cómoda victoria del Partido Democrático -que logró 308 de los 480 escaños en juego- proyectan un horizonte más asiático y menos occidental para Tokio que, presionado por los electores y activistas de centroizquierda, tendrá que tomar distancia de Washington y Jerusalem.

Es un nuevo factor de reacomodamiento en la tendencia al multipolarismo mundial, que los sectores más duros del Pentágono ven con desconfianza; de manera similar a la nueva aproximación de la Unión Europea a Rusia, ésta última impulsada por una doctrina nacional con sus propias perspectivas en su radio de acción geopolítica. Esta aproximación europea se patentizó con la admisión, por parte del ministro francés de asuntos europeos, acerca del error estratégico que implicó extender la OTAN a Georgia y Ucrania. Error, no sólo por la inestabilidad política interna de ambos países -ex integrantes de la URSS- sino por la provocación que, de hecho, significó para una potencia como Rusia, con un aparato militar muy cercano y nada desdeñable, y de la cual Europa depende en su provisión de petróleo y gas.

La “regionalización” del dominio global

Este es el marco superior de la situación en el que debe analizarse la intención ulterior del hegemonismo de establecer una plataforma operativa, de alcance continental, con 7 bases conjuntas y combinadas en Colombia, cuyo gobierno es considerado el principal aliado militar en la región. Esta decisión, como lo hemos señalado, comprende una “regionalización” de las fuerzas globalizadas. En efecto, siguiendo la línea estratégica de tono imperial que, después de la guerra, adoptó EE.UU. con la OTAN y su amplio dispositivo de bases, lo cual la convirtió en una “potencia europea”, deben entenderse las posteriores operaciones en Corea, Vietnam, Irak y Afganistán, que le otorgaron la condición de “potencia asiática”.

De igual modo, ante el estímulo para la autonomía relativa implícita en la nueva flexibilidad geopolítica, brindada por la postguerra fría desde 1989, y vista la tendencia regional a la integración -empezando por lo económico y comercial [tipo Mercosur]- EE.UU. intentó alcanzar también una especie de “doble ciudadanía” latinoamericana, por la vía de los Tratados de Libre Comercio [TLC], administrados en directo por Washington. Finalmente, la creación de la Unasur, con objetivos políticos y de defensa de alcance estratégico, decidió este paso militar norteamericano que supera en mucho el reciente rediseño del Comando Sur y la reactivación de la IV Flota, proyectos resistidos mayoritariamente por nuestros gobiernos.

En el contexto descripto, es más fácil interpretar algunas exposiciones efectuadas anteriormente por autoridades del Comando Sur, especialistas en operaciones especiales, que se han referido a las “lecciones de la Guerra en Irak”, para tenerlas en cuenta en próximas expediciones militares. En una amplia gama de criterios más políticos que castrenses, se recomienda en ellas: el estudio y la comprensión de la identidad cultural del país ocupado; el conocimiento de su idioma; el bajo perfil de las tropas y su proceder discreto frente a la sensibilidad de la sociedad; las tareas de apoyo civil ante problemas de extrema necesidad de la población; y obviamente, el respeto a los derechos humanos

La idea es lograr una mímesis y convivencia con la comunidad local, conociendo sus estructuras internas de organización y liderazgo, hasta el nivel más profundo posible, como base de un trabajo de inteligencia de mayor precisión y detalle; a fin de manejar sus posibilidades y contradicciones. Al mismo tiempo, se pretende reducir el número de bajas inocentes, llamadas “daños colaterales”, a fin de no dar motivos de irritación y rechazo, capitalizables por las fuerzas de resistencia y su sistema de reclutamiento y apoyo.

De Bariloche a Quito

El pacto suscripto por el Presidente Alvaro Uribe, otorga un “permiso” operativo, necesario e indiscutible, en los términos del derecho soberano acotado al territorio nacional, en la etapa previa a la consolidación de la unión regional. Situación que implica una política de hechos consumados, y ahora obliga a establecer, recién a futuro, el marco normativo de las alianzas militares extra-regionales que pudieren corresponder a la defensa común cooperativa.

A partir de aquí tenemos las respuestas individuales por cada estado-miembro de la Unasur. Venezuela, por ejemplo, eligió la vía de una gira muy amplia del presidente Hugo Chávez, especialmente a países árabes opuestos frontalmente a EE.UU. Ecuador por su parte, además de una dura denuncia de la actitud colombiana, relacionándola con el negocio del “control” del tráfico de drogas, solicitó el apoyo de Brasil, previo acuerdo institucionalizado, para modernizar sus fuerzas armadas.

Brasilia ha aclarado que el debate por estas bases recién comienza y será largo; además de ratificar y difundir mediáticamente su resolución para grandes inversiones en equipamiento bélico. Por esta razón el presidente Lula, principal interesado en la continuidad de la Unasur, ha preferido destacar los pasos positivos dados en la reunión de Bariloche, aclarando que “no hay salida individual para ningún país del continente”. Asimismo, señaló la importancia de un Consejo Suramericano de Combate al Narcotráfico, para asumir su responsabilidad en conjunto sin la injerencia de fuerzas extra-regionales.

Por lo demás, la importante visita de estado del presidente Nicolás Sarkozy cerró el acuerdo franco-brasileño de equipamiento militar moderno a gran escala, donde el factor clave fue la “transferencia de tecnología”, denegada por Washington en su oportunidad. El proyecto, así consolidado, incluye ubicar una nueva escuadra en el estuario del Río Amazonas; además de adquirir aviones, helicópteros, submarinos y buques por miles de millones de dólares, que según Lula, en los próximos 15 años, “transformarán a Brasil en una verdadera potencia”.

La próxima reunión del Consejo Suramericano de Defensa -el organismo específico de nivel ministerial de la Unasur- a realizarse en Quito, constituirá un eslabón clave de ésta discusión fundamental para lograr una identidad realmente regional en seguridad internacional. Entre otros asuntos importantes, habrá que asegurar que ningún acuerdo militar, como el de Colombia con EE.UU., pueda amenazar a los otros países fundadores de la unión; y aún dar garantías jurídicas, ante cualquier duda, para recurrir a la OEA y a otros foros internacionales. Como se ve, es una forma activa, superando estos problemas iniciales, de construir el capítulo de defensa de la integración, porque sin él toda unidad reducida a lo económico es débil y, a la larga, improcedente.

I. Un ataque directo a la UNASUR que prueba su importancia.

La remilitarización de la presencia continental estadounidense

La decisión estadounidense de ampliar su presencia en Colombia a varias bases militares de este país, con el consentimiento de Álvaro Uribe, ofrece un punto panorámico para comprender el avance realizado por la primera potencia global y hemisférica, en los términos de una remilitarización de su influencia sobre América Latina. Obviamente, tal hecho tiene poco que ver con las declaraciones del presidente del país hermano, que ha efectuado una gira extenuante a nivel suramericano, excusando esta cesión práctica de soberanía nacional, con el argumento de la lucha contra el narcotráfico y la guerrilla, contradiciendo sus propias manifestaciones de éxito en ese teatro de operaciones.

La realidad es otra y, como lo hemos venido señalando reiteradamente, responde a una estrategia del ala extrema del Pentágono que, en las postrimerías de la administración Bush, repotenció sus tesis militaristas, llamadas así por los analistas norteamericanos que critican la sustitución de la diplomacia civil por la “diplomacia” militar; y la primacía perpetua de la concepción bélica sobre la política, en el delicado juego de las relaciones exteriores.

En rigor, y más precisamente, nuestra región ni siquiera es objeto de la conducción exterior imperial, sino de la conducción interior, lo que atestigua la actividad del general (r) James Jones, Consejero de Seguridad Nacional de EE.UU., quien viajó a Brasilia para tratar de convencer a Lula de que no es cierto lo obvio: porque el objetivo ulterior de esta maniobra está representando por el espacio geopolítico pleno de recursos naturales de la Amazonía.

Para completar la escena, veamos como se ha militarizado inconvenientemente la lucha contra el narcotráfico en México, en “una guerra perdida de antemano”, según académicos de Washington, debido a tres razones fundamentales: la masa de adictos norteamericanos que crece; la venta de armas a los sicarios; y el tráfico de dinero ilegal; cuestiones todas que nadie en EE.UU., como se ha dicho explícitamente, está dispuesto a interferir desde el Norte.

Por último, el reciente golpe militar en Honduras, señala el posible inicio de un nuevo ciclo de intervenciones a gobiernos democráticos sospechados de intentar una mayor autonomía en la región. Porque es imposible imaginar que esta acción, de las Fuerzas Armadas más cercanas al Pentágono, y cuyo territorio nacional fue utilizado en el pasado para movilizar la “contra” sobre Nicaragua, pudiera haberse concretado sin señales aprobatorias de algún sector de los mandos norteamericanos.

El impacto en la línea de ruptura regional

Sin duda, la remilitarización de la situación latinoamericana empezó, por citar una fecha, el 1º de marzo de 2008, con el bombardeo de un campamento de las FARC en el flanco ecuatoriano de la frontera con Colombia; países que desde entonces no han normalizado sus relaciones. Esas bombas “inteligentes” no lo fueron sólo en el campo táctico destruyendo el blanco asignado, sino también en el marco estratégico; porque abrieron una brecha divisionista sobre dos grupos de países suramericanos: uno constituido por Colombia con el apoyo de Perú, y otro por Ecuador con el apoyo de Venezuela y Bolivia.

Todo esto entorpeció fuertemente las labores constitutivas de la Unasur, iniciativa integradora de Brasil apoyada decididamente por Argentina; que sin embargo pudo sortear bien el desafío golpista en Bolivia. En una memorable reunión en Santiago de Chile, la naciente unión afirmó la identidad y soberanía de la región, para solucionar los problemas internos dentro del régimen democrático y “sin ingerencias extrañas”.

¿Qué pasó entonces en tan poco tiempo, para que en la zona relativamente más pacífica del mundo, plena de gobiernos democráticos y con procesos de integración en marcha, se sucedieran todas estas acciones y gestos que parecen retrotraernos a la época cruenta de la Guerra Fría, que creíamos definitivamente superada? Puede ser que alguna responsabilidad sea nuestra, por los persistentes prejuicios y desconfianzas limítrofes en nuestra América; pero es indudable que esta realidad está siendo manipulada desde algún centro hegemónico bajo el conocido axioma “divide y reinarás”.

Al mismo tiempo, revela la fuerte puja interna de poder en los EE.UU., que el ascenso de Barak Obama como primer presidente afroamericano no ha podido amenguar, sino al contrario. Especialmente, cuando éste ha tenido que conceder más poder a la Reserva Federal y Wall Strett en el frente financiero de la crisis, para tratar de dedicarse a los problemas políticos y militares del frente externo; tal cual lo han testimoniado sus viajes a El Cairo y Moscú, para atenuar tensiones con el mundo árabe y Rusia.

Voces discordantes y voluntades contrapuestas

Existen varios problemas y voluntades contrapuestas en el sistema de toma de decisiones de Washington que es necesario conocer, porque de un modo u otro se reflejan en el “gran juego” del ajedrez internacional, donde las piezas son los pueblos cuya supervivencia se expone fríamente, según cálculos estratégicos. En principio, Hillary Clinton a cargo del Departamento de Estado, personifica una opinión distinta en la cuestión del Medio Oriente, asociada a sus tradicionales vínculos con Israel, lo que estrecha el margen de maniobra que Obama requiere para impulsar la necesaria política de los “dos estados”, incorporando a este nivel a la postergada Palestina.

Es natural pensar que este conflicto clave para las relaciones de la primera potencia con el gran universo islámico, aún con todas las diferencias y divisiones de éste, retrasa y empantana la salida de las diversas guerras en esa región. Porque hasta en los países más cercanos a EE.UU., la exposición cotidiana de grandes bajas entre la población civil, unifica y acrecienta un sentimiento hostil de incalculables consecuencias futuras, lo que desea evitar el actual presidente.

Otra voz discordante es la del vicepresidente Joe Biden, quien fuera el principal aliado demócrata en la preparación y declaración de la guerra en Irak, alentada por la derecha republicana. En este aspecto, siendo titular de la influyente Comisión de Servicios Armados del Senado, recibió la indicación de Bush, con varios meses de anticipación, para trabajar discretamente en este asunto sobre legisladores y creadores de opinión pública. Es indudable que Obama, después de ganarle a Clínton las elecciones internas, tuvo que avenirse a un pacto con Biden para “facilitar” su participación en los comicios generales. Fue la forma en que “votaron” anticipadamente ciertos círculos de poder, con la intención gatopardista de contar con un reformismo controlado.

Finalmente, en lo específico militar, se observa la actividad de los sectores resistentes al cambio, que siguen con sus planes de expansión como si el relevo de Bush no se hubiese producido. Es lo que ocurre con el Comando Sur que, además de mantener la IV Flota navegando por los mares centroamericanos y caribeños con misión “humanitaria”, plantea ahora la instalación progresiva de una amplia plataforma territorial para la operación de fuerzas terrestres y aéreas, sobre las áreas andina y amazónica. Esta última, conviene recordarlo, es la principal preocupación estratégica del ejército brasilero, que sabe bien que las corporaciones trasnacionales la consideran insidiosamente un “espacio vacío”, por su baja densidad poblacional.

Del mismo modo, es fácil percibir aquí una carrera entre los distintos servicios armados, por la mayor participación respectiva en los ingentes recursos concedidos al presupuesto de defensa. Esta pelea burocrática, de enorme impacto económico en el complejo industrial-militar, se ha vuelto más sensible después del colapso financiero de Wall Street. En este sentido, algunos generales y almirantes, que podríamos llamar “nacionalistas”, no están muy conformes con los excesos especulativos de la banca transnacional que, con la actual crisis, ha expuesto públicamente los grandes costos de las guerras preventivas y opcionales que se realizan.

La preservación del espacio geopolítico propio

Integrando los distintos planos de análisis -método elemental para sacar conclusiones operativas- cosa que sin embargo no es frecuente en la acción mediática interesada, podemos sintetizar la confluencia de la crisis financiera de Wall Street de raíz especulativa, y la exigencia económica del Pentágono de raíz expansiva, con la movilización civil de rechazo canalizada hasta ahora pacíficamente por la elección de Obama. Falta saber cuantos objetivos reales de esta movilización se alcanzarán, entre la aspiración masiva al cambio postulado en la campaña electoral y la presión de los grandes poderes establecidos [por eso es tan común aquí la comparación con Kennedy].

Por consiguiente, hay que prepararse para los efectos en nuestra región de esta crisis integral del sistema dominante, cuya cúpula no permanece pasiva sino manejando las riendas económicas y militares, para “exportar” sus consecuencias más nocivas a través de la red globalizada a su disposición.

Por eso, en el caso de las bases implicadas, la reacción latinoamericana no se ha hecho esperar y -salvo algunas declaraciones formales de gobiernos que dijeron respetar la no intervención en los asuntos internos de otros Estados y la decisión soberana de Bogotá sobre acuerdos militares dentro de su jurisdicción- existe una clara mayoría de países que se oponen. En este punto, la presidencia argentina ha señalado con precisión la necesidad de disminuir toda conflictividad en la región y evitar que el tema de las bases en Colombia se convierta en un “factor de perturbación” general.

Obama, que siente esta situación en Colombia, junto al golpe en Honduras, son tiros por elevación a su propia gestión, ha aclarado que él no pretende dictar la política a nuestra región; en otra confirmación de la corrección de su discurso político, no correspondido en el plano de las medidas concretas de ejecución, que se toman en algún lugar del poder. Por lo demás, tenemos aquí una nueva lección para nuestros países que, divididos, fomentarán lamentablemente su dependencia.

La creación de la Unasur es importante porque plantea que, entre nosotros, el negocio de la paz es más grande que el negocio de la guerra. Por eso la convivencia entre nuestros países no puede reducirse a la retórica de un voluntarismo pacifista, que tarde o temprano cedería ante la tentación del belicismo y la intervención directa o indirecta de las potencias.

Sepamos que la paz es el recurso estratégico que necesitamos imprescindiblemente para volcar todo nuestro esfuerzo y potencial al desarrollo económico y social, en el espacio geopolítico propio de la unión continental. Ésta es la paz de la integración que nuestras Fuerzas Armadas deben custodiar, con los medios suficientes para garantizarla.

II. Necesitamos un doctrina suramericana de Defensa

Un golpe estratégico de grandes consecuencias

Hace tiempo que venimos alertando sobre la remilitarización de América Latina a propuesta de los sectores más activos del Pentágono, según la propia denuncia de destacados observadores y analistas estadounidenses. Así, una serie de hechos hilvanados estratégicamente ha transformado el panorama de la zona de paz más efectiva del mundo que, en la posguerra fría, había alcanzado, además, un nivel inédito de gobiernos democráticos elegidos libremente por los pueblos de la región.

La inesperada reactivación de la IV Flota; el confuso bombardeo en la frontera norte de Ecuador; la intervención del ejército nacional en la incierta lucha contra el narcotráfico en México; los amagos desestabilizadores en Bolivia y el golpe en Honduras -por citar algunos episodios reveladores concentrados en pocos meses- tienen alguna conexión con esta tesis, más allá de las condiciones políticas locales y sus propias contradicciones. Estamos juzgando, precisamente, la naturaleza de la intervención del hegemonismo en nuestro continente, porque ningún sector de las fuerzas armadas latinoamericanas podría llevar adelante ciertas iniciativas, sin el visto bueno explícito o implícito, de los respectivos referentes del primer poder bélico del mundo.

En consecuencia, es importante apreciar con exactitud la intención estratégica de EE.UU. respecto de nuestra América, en la dicotomía existente entre el discurso diplomático de Barack Obama, empeñado en lograr un cambio de actitud, y los sectores movilizados en la administración de George Bush, que nos siguen considerando secundariamente como el “patio trasero” de su geopolítica más cercana. Poner en evidencia este enfrentamiento interno, más o menos solapado en la técnica del “doble discurso”, fue el propósito de la invitación al primer presidente afroamericano para que concurriera a la reunión de la Unasur en Bariloche, a fin de aclarar personalmente la situación; compensando con la asistencia de todos nuestros Jefes de Estado, las presiones que él recibe cotidianamente en Washington.

Sucede que el último episodio de esta saga -la cuestión de las bases militares en Colombia- representa objetivamente un impacto directo en la línea de ruptura regional; cuando la alianza de nuestros países es muy reciente y aún no se ha consolidado ni en sus objetivos específicos, ni en sus normativas e instituciones de funcionamiento. En este trance, se superponen dos criterios de legalidad totalmente opuestos: por un lado, un sentido individual de soberanía correspondiente a la etapa anterior, que faculta a suscribir por sí distintos acuerdos militares; y por el otro, la transición a la etapa futura, dentro de una concepción de “defensa cooperativa” que exige un mecanismo unificado de decisión.

La marcha hacia esta nueva situación presupone perfilar una identidad suramericana de defensa, compartiendo en lo esencial una misma doctrina estratégica, sin descartar la ductilidad suficiente para respetar las características geopolíticas subregionales y zonales que la comprenden. En lo fundamental, esto implica caracterizar por consenso los factores de riesgo y las amenazas que puedan afectar el mantenimiento de la paz y la seguridad; y habilitar las redes de información, consulta y evaluación desde una perspectiva propia, evitando las intervenciones e interferencias de potencias extrañas, que han prolongado la presencia del colonialismo y del neocolonialismo en nuestra historia.

Una significación de poderío imperial

Es importante comprender el real alcance de estas siete bases extranjeras en la hermana República de Colombia, al margen aún de la voluntad de sus autoridades constitucionales; porque una superpotencia militar como EE.UU. no puede pensar la estrategia sino desde una posición general central de orden imperial.Y esta decisión conforma un dispositivo permanente, en el marco territorial de un país de rasgos históricos y geopolíticos relevantes -andino, amazónico y bioceánico- para operar una plataforma apta respecto al despliegue rápido de fuerzas en múltiples direcciones.

Si se sabe, por ejemplo, que los aviones de la fuerza aérea estadounidense en misiones de combate sobre Irak, despegan de bases ubicadas aquí en Norteamérica, siendo abastecidas en el aire a todo costo operativo, se entiende que es innecesaria la red de bases colombianas para radios de acción de mucho menor alcance. Luego, estas bases tienen una significación de poderío en sí mismas, con grandes implicancias en el orden político, diplomático y militar; e influencia en las relaciones de intercambio en época de crisis y consiguiente reestructuración geoeconómica.

Analizando sintéticamente esta preocupante significación, que reitera la presencia estadounidense entre nosotros, pero en una nueva etapa de la globalización, digamos que el dato original es el carácter plenamente regional de esta ocupación de posiciones estratégicas. Se trata, en efecto, de bases conjuntas –de aire, mar y tierra- distribuidas proporcionalmente en todo el territorio local y no en una zona determinada por las operaciones actuales.

Por su enlace directo con la mayor sofisticación bélica disponible, y su capacidad de despliegue ultra rápido de todos los medios de combate imaginables, esta plataforma operativa va mucho más allá de la acción de las reducidas guarniciones de tropas permanentes en el terreno, para meras tareas de mantenimiento. Esto es así por el empleo de tecnología de punta para la instalación de los llamados “sistemas inteligentes”: en comando, control, comunicaciones, informática e inteligencia [C3I2], claves en la movilización automática de fuerzas expedicionarias.

En el campo político-diplomático el impacto de poder es instantáneo: ya hay una fuerza que rivaliza con la Unasur promovida inicialmente por Brasil, el país afectado de lleno por esta decisión; a pesar de las reacciones vocingleras de Caracas y Quito, que atienden más a lo táctico que a lo estratégico debido a sus problemas bilaterales con Bogotá. Existe, en consecuencia, una organización igual y contraria a la Unasur -y a su Consejo Suramericano de Defensa- por obra de una formidable “cabecera de puente”, que impone desde ya condiciones de fuerza diferentes para negociar cualquier aspecto clave de las relaciones interamericanas.

Esto ocurre en la era del regionalismo y del continentalismo, como tendencia geopolítica vigente en todo el mundo, según lo hemos estudiado; lo que ahora se pretende instrumentar para “latinoamericanizar” -digamos así- la influencia militar del Norte. Dicho de otro modo, asistimos a una maniobra estratégica integral que, además de la finalidad principal señalada, tiene otros objetivos complementarios para inhibir o reducir la proclamada autonomía de la América del Sur. Y puntualmente, contrarrestar la potencial influencia militar de Francia con Brasil; de Rusia e Irán con Venezuela; y vigilar el avance del crecimiento comercial de China en toda la región, y su no menos estratégico abastecimiento aquí de alimentos y recursos energéticos.

Posibilidades y limitaciones de la reunión en Bariloche

La gravedad de este precedente fue rápidamente advertida por los países de la Unasur, que se autoconvocaron a una reunión especial en Bariloche, el 28 de agosto de 2009, para tratar específicamente el tema; aunque la ocupación de las bases colombianas ya era un hecho consumado. De todos modos, había que intentar un salvataje de la alianza, ante la alternativa de su prematura disolución. Horas de retórica en el inédito escenario de su transmisión en directo por televisión, degradaron la conferencia, de la política exterior a la política interior y los públicos domésticos de cada nación representada; junto a la palpable demostración de la incapacidad práctica para tomar las decisiones unánimes que resultaban imprescindibles.

Con todo, el propósito apaciguador de los ánimos más beligerantes fue logrado parcialmente, con algunos puntos de consenso en la redacción del documento final. Allí se reafirman los principios de paz y cooperación constitutivos de la Unasur, y se aclara que ellos no pueden ser amenazados de ninguna manera por fuerzas extranjeras; asegurando lo cual pueden realizarse las inspecciones correspondientes para ofrecer garantías de no alentar hipótesis de guerra entre los estados-miembros.

La posición argentina, como país sede, fue destacable, tanto en la exhortación a moderar el debate, sin caer en adjetivaciones y descalificaciones inconducentes; cuanto a la cuestión de fondo referida a “fijar una doctrina común”. Ella es necesaria para avanzar en las estructuras que materialicen la unión en todas sus dimensiones y, en particular, para la correcta evaluación y manejo de situaciones de tensión como la planteada hoy por el polémico acuerdo militar entre Colombia y Estados Unidos.

A tal fin, es del mayor interés poner en funcionamiento el Centro Suramericano de Estudios Estratégicos para la Defensa – CSEED, creado por iniciativa argentina en la VIII Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas celebrada en Banff, Canadá, en septiembre de 2008. Este Centro, con sede en Buenos Aires, tendrá la misión, precisamente, de generar y difundir un pensamiento geoestratégico propio de la región, para hacer posible la formulación coherente y compatible de las respectivas políticas estatales de defensa y seguridad internacional, incluyendo la teoría y la técnica del marco adecuado de alianzas militares.

De todos modos, aunque la base intelectual es importante porque elimina los problemas debidos a ignorancia o improvisación en materia estratégica, no alcanza para definir un sistema inequívoco de defensa regional común. Esta instancia es inminentemente de voluntad política, y exige la firme decisión de superar prejuicios originados en enfrentamientos pasados, algunos tan antiguos como la independencia, y otros tan actuales como el tráfico de drogas, el tráfico de armas, y las vulnerabilidades manifiestas en la protección de nuestros recursos naturales y nuestra identidad cultural e histórica.