II. Necesitamos un doctrina suramericana de Defensa

Un golpe estratégico de grandes consecuencias

Hace tiempo que venimos alertando sobre la remilitarización de América Latina a propuesta de los sectores más activos del Pentágono, según la propia denuncia de destacados observadores y analistas estadounidenses. Así, una serie de hechos hilvanados estratégicamente ha transformado el panorama de la zona de paz más efectiva del mundo que, en la posguerra fría, había alcanzado, además, un nivel inédito de gobiernos democráticos elegidos libremente por los pueblos de la región.

La inesperada reactivación de la IV Flota; el confuso bombardeo en la frontera norte de Ecuador; la intervención del ejército nacional en la incierta lucha contra el narcotráfico en México; los amagos desestabilizadores en Bolivia y el golpe en Honduras -por citar algunos episodios reveladores concentrados en pocos meses- tienen alguna conexión con esta tesis, más allá de las condiciones políticas locales y sus propias contradicciones. Estamos juzgando, precisamente, la naturaleza de la intervención del hegemonismo en nuestro continente, porque ningún sector de las fuerzas armadas latinoamericanas podría llevar adelante ciertas iniciativas, sin el visto bueno explícito o implícito, de los respectivos referentes del primer poder bélico del mundo.

En consecuencia, es importante apreciar con exactitud la intención estratégica de EE.UU. respecto de nuestra América, en la dicotomía existente entre el discurso diplomático de Barack Obama, empeñado en lograr un cambio de actitud, y los sectores movilizados en la administración de George Bush, que nos siguen considerando secundariamente como el “patio trasero” de su geopolítica más cercana. Poner en evidencia este enfrentamiento interno, más o menos solapado en la técnica del “doble discurso”, fue el propósito de la invitación al primer presidente afroamericano para que concurriera a la reunión de la Unasur en Bariloche, a fin de aclarar personalmente la situación; compensando con la asistencia de todos nuestros Jefes de Estado, las presiones que él recibe cotidianamente en Washington.

Sucede que el último episodio de esta saga -la cuestión de las bases militares en Colombia- representa objetivamente un impacto directo en la línea de ruptura regional; cuando la alianza de nuestros países es muy reciente y aún no se ha consolidado ni en sus objetivos específicos, ni en sus normativas e instituciones de funcionamiento. En este trance, se superponen dos criterios de legalidad totalmente opuestos: por un lado, un sentido individual de soberanía correspondiente a la etapa anterior, que faculta a suscribir por sí distintos acuerdos militares; y por el otro, la transición a la etapa futura, dentro de una concepción de “defensa cooperativa” que exige un mecanismo unificado de decisión.

La marcha hacia esta nueva situación presupone perfilar una identidad suramericana de defensa, compartiendo en lo esencial una misma doctrina estratégica, sin descartar la ductilidad suficiente para respetar las características geopolíticas subregionales y zonales que la comprenden. En lo fundamental, esto implica caracterizar por consenso los factores de riesgo y las amenazas que puedan afectar el mantenimiento de la paz y la seguridad; y habilitar las redes de información, consulta y evaluación desde una perspectiva propia, evitando las intervenciones e interferencias de potencias extrañas, que han prolongado la presencia del colonialismo y del neocolonialismo en nuestra historia.

Una significación de poderío imperial

Es importante comprender el real alcance de estas siete bases extranjeras en la hermana República de Colombia, al margen aún de la voluntad de sus autoridades constitucionales; porque una superpotencia militar como EE.UU. no puede pensar la estrategia sino desde una posición general central de orden imperial.Y esta decisión conforma un dispositivo permanente, en el marco territorial de un país de rasgos históricos y geopolíticos relevantes -andino, amazónico y bioceánico- para operar una plataforma apta respecto al despliegue rápido de fuerzas en múltiples direcciones.

Si se sabe, por ejemplo, que los aviones de la fuerza aérea estadounidense en misiones de combate sobre Irak, despegan de bases ubicadas aquí en Norteamérica, siendo abastecidas en el aire a todo costo operativo, se entiende que es innecesaria la red de bases colombianas para radios de acción de mucho menor alcance. Luego, estas bases tienen una significación de poderío en sí mismas, con grandes implicancias en el orden político, diplomático y militar; e influencia en las relaciones de intercambio en época de crisis y consiguiente reestructuración geoeconómica.

Analizando sintéticamente esta preocupante significación, que reitera la presencia estadounidense entre nosotros, pero en una nueva etapa de la globalización, digamos que el dato original es el carácter plenamente regional de esta ocupación de posiciones estratégicas. Se trata, en efecto, de bases conjuntas –de aire, mar y tierra- distribuidas proporcionalmente en todo el territorio local y no en una zona determinada por las operaciones actuales.

Por su enlace directo con la mayor sofisticación bélica disponible, y su capacidad de despliegue ultra rápido de todos los medios de combate imaginables, esta plataforma operativa va mucho más allá de la acción de las reducidas guarniciones de tropas permanentes en el terreno, para meras tareas de mantenimiento. Esto es así por el empleo de tecnología de punta para la instalación de los llamados “sistemas inteligentes”: en comando, control, comunicaciones, informática e inteligencia [C3I2], claves en la movilización automática de fuerzas expedicionarias.

En el campo político-diplomático el impacto de poder es instantáneo: ya hay una fuerza que rivaliza con la Unasur promovida inicialmente por Brasil, el país afectado de lleno por esta decisión; a pesar de las reacciones vocingleras de Caracas y Quito, que atienden más a lo táctico que a lo estratégico debido a sus problemas bilaterales con Bogotá. Existe, en consecuencia, una organización igual y contraria a la Unasur -y a su Consejo Suramericano de Defensa- por obra de una formidable “cabecera de puente”, que impone desde ya condiciones de fuerza diferentes para negociar cualquier aspecto clave de las relaciones interamericanas.

Esto ocurre en la era del regionalismo y del continentalismo, como tendencia geopolítica vigente en todo el mundo, según lo hemos estudiado; lo que ahora se pretende instrumentar para “latinoamericanizar” -digamos así- la influencia militar del Norte. Dicho de otro modo, asistimos a una maniobra estratégica integral que, además de la finalidad principal señalada, tiene otros objetivos complementarios para inhibir o reducir la proclamada autonomía de la América del Sur. Y puntualmente, contrarrestar la potencial influencia militar de Francia con Brasil; de Rusia e Irán con Venezuela; y vigilar el avance del crecimiento comercial de China en toda la región, y su no menos estratégico abastecimiento aquí de alimentos y recursos energéticos.

Posibilidades y limitaciones de la reunión en Bariloche

La gravedad de este precedente fue rápidamente advertida por los países de la Unasur, que se autoconvocaron a una reunión especial en Bariloche, el 28 de agosto de 2009, para tratar específicamente el tema; aunque la ocupación de las bases colombianas ya era un hecho consumado. De todos modos, había que intentar un salvataje de la alianza, ante la alternativa de su prematura disolución. Horas de retórica en el inédito escenario de su transmisión en directo por televisión, degradaron la conferencia, de la política exterior a la política interior y los públicos domésticos de cada nación representada; junto a la palpable demostración de la incapacidad práctica para tomar las decisiones unánimes que resultaban imprescindibles.

Con todo, el propósito apaciguador de los ánimos más beligerantes fue logrado parcialmente, con algunos puntos de consenso en la redacción del documento final. Allí se reafirman los principios de paz y cooperación constitutivos de la Unasur, y se aclara que ellos no pueden ser amenazados de ninguna manera por fuerzas extranjeras; asegurando lo cual pueden realizarse las inspecciones correspondientes para ofrecer garantías de no alentar hipótesis de guerra entre los estados-miembros.

La posición argentina, como país sede, fue destacable, tanto en la exhortación a moderar el debate, sin caer en adjetivaciones y descalificaciones inconducentes; cuanto a la cuestión de fondo referida a “fijar una doctrina común”. Ella es necesaria para avanzar en las estructuras que materialicen la unión en todas sus dimensiones y, en particular, para la correcta evaluación y manejo de situaciones de tensión como la planteada hoy por el polémico acuerdo militar entre Colombia y Estados Unidos.

A tal fin, es del mayor interés poner en funcionamiento el Centro Suramericano de Estudios Estratégicos para la Defensa – CSEED, creado por iniciativa argentina en la VIII Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas celebrada en Banff, Canadá, en septiembre de 2008. Este Centro, con sede en Buenos Aires, tendrá la misión, precisamente, de generar y difundir un pensamiento geoestratégico propio de la región, para hacer posible la formulación coherente y compatible de las respectivas políticas estatales de defensa y seguridad internacional, incluyendo la teoría y la técnica del marco adecuado de alianzas militares.

De todos modos, aunque la base intelectual es importante porque elimina los problemas debidos a ignorancia o improvisación en materia estratégica, no alcanza para definir un sistema inequívoco de defensa regional común. Esta instancia es inminentemente de voluntad política, y exige la firme decisión de superar prejuicios originados en enfrentamientos pasados, algunos tan antiguos como la independencia, y otros tan actuales como el tráfico de drogas, el tráfico de armas, y las vulnerabilidades manifiestas en la protección de nuestros recursos naturales y nuestra identidad cultural e histórica.