Comunicación integrada: privada, pública y social

Lo público y lo privado en los fundamentos democráticos

Con la creación de la democracia como institución histórica fundamental de la civilización occidental, en la época de las Ciudades-Estado de la antigüedad, se consagró la distinción clave en dos espacios organizativos de la vida de las comunidades humanas: lo privado y lo público. La familia constituía lo privado, como célula básica de la sociedad, donde el padre detentaba una autoridad absoluta, y el derecho a la privacidad que el poder estatal debía respetar. Y lo público era la política, que reunía en sus plazas a todos los ciudadanos para conocer, participar y comprometerse en las decisiones colectivas.

En el espacio privado, nadie quería ser visto ni oído, para mantener un ámbito sólo reservado a los parientes y amigos; pero en el espacio político, todos deseaban ser protagonistas públicos de los acontecimientos comunitarios. Así, el derecho sagrado a la “privacidad”, iba acompañado del derecho ciudadano a la “publicidad”, y del deber de expresarse e involucrarse ineludiblemente en los asuntos de paz y guerra donde se jugaba el destino de la “polis”.

Obviamente, ésta es una síntesis elemental, de un fenómeno histórico pleno de matices interpretativos, que cualquier estudioso puede percibir en la evolución de las instituciones; pero siempre a partir de un concepto profundo y aún vigente: ni lo político debe invadir lo privado, ni los intereses privados deben contaminar lo público en términos de apropiación del poder, entornos de influencia o círculos de corrupción. Este ideal, enunciado por los padres del pensamiento fundador de la república, como aspiración universal, muchas veces naufragó por acción de las tiranías y los imperios de turno.


La aparición del espacio social y su legitimidad

A pesar de todo, el modelo esencial de la democracia perduró -aún dentro de las formas de la monarquía constitucional, con ministerios parlamentarios- dando paso por evolución a un tercer ámbito: el espacio social; ni estrictamente público, ni estrictamente privado. Este espacio se abrió y se desarrolló en el marco de las Naciones-Estado, donde se generaron grandes corporaciones gremiales, ligadas al pasaje histórico del feudalismo y la nobleza decadente, al mercantilismo en manos de las nacientes burguesías.

Estos gremios vinculados a la producción artesanal fueron, sin duda, los antecesores organizativos de los sindicatos del capitalismo industrial, con una doble acción reivindicativa sobre los espacios funcionales preexistentes. Respecto al ámbito privado centrado en la familia, luchaban por acceder a los derechos sociales, surgidos de necesidades básicas insatisfechas: alimentación, vivienda, salud, educación y asistencia. Respecto al ámbito público, centrado en los gobiernos y el aparato estatal, presionaban por una mayor justicia social y la concreción de los derechos civiles, negados o limitados por la práctica política de entonces.

En este salto histórico, y ya entrada la época contemporánea, las organizaciones sindicales y las organizaciones populares en general -no siempre bien contenidas por los partidos políticos liberales, encarnados principalmente en la pequeña burguesía- fueron la base de grandes movimientos nacionales, inmersos en la lucha social de cada país y en el combate paralelo al neocolonialismo. El fin de la II Guerra Mundial, fue un hito importante de esta trayectoria, por el ocaso de las viejas metrópolis europeas, dando paso a los respectivos movimientos de liberación en Asia, África y América Latina.

Estos movimientos, con sus distintos rasgos culturales, consolidaron y proyectaron el tercer espacio, o espacio social, con énfasis en la mayor participación de la sociedad civil, y el surgimiento y desarrollo de las organizaciones intermedias o libres, autoconvocadas y autogestionadas en la base misma de la democracia representativa. Entre las décadas del 40 y del 70 se verificó el mejor momento de la movilización dirigida a lograr conquistas sociales; pero este ciclo se interrumpió y revirtió con la irrupción de las dictaduras represivas originadas en la Guerra fría, que continuaron hasta la década de los 80.


La usurpación de las transnacionales

Contrariamente a lo esperado, la Posguerra Fría [1989-2009] no fue favorable al progreso social, sino a la prepotencia del llamado “capitalismo salvaje” -o capitalismo sin reglas- que, vía el Consenso de Washington, forzó la reducción estructural del Estado y la privatización de las empresas públicas; la apertura irrestricta de nuestras economías a la especulación financiera transnacional; y en este marco, la reducción y precarización del empleo y la exclusión laboral de grandes contingentes populares.

En tal contexto de enajenación económica y cultural, acentuada en los países dependientes, se desalojó a las organizaciones sociales de su espacio natural; y éste fue ocupado crecientemente por las corporaciones mediáticas de la globalización asimétrica y sus cadenas locales subordinadas. Esto ocurrió por un doble proceso involutivo: por un lado, la falta de energía y de presencia de las estructuras laborales, sindicales y sociales impactadas por la corrupción; y por el otro, la astucia del poder mediático para instalarse como “comunicación social”, pero para hacer precisamente lo contrario.

Desde esta posición, enmascarada en el arco ideológico, este poder muchas veces actuó y actúa contra la cohesión familiar, mediante la promiscuidad, la pornografía, la apología de las adicciones y la violencia, y la exaltación de la frivolidad, atacando de hecho el vínculo ético del entramado social y la identidad cultural de la comunidad. A la vez, cambiando tácticamente de frente, presionó y presiona sobre el poder político, cuestionando las gestiones y personalidades públicas, a favor de los intereses crudamente económicos que suele postular o defender; cuando no inventando falsos liderazgos políticos al tono.


Los medios integrados en el seno de la identidad cultural

Planteado el problema, en forma que esperamos sea clara y sencilla, corresponde ofrecer algunas vías prácticas de solución, ingresando así al debate en curso sobre la reforma mediática que, dada su necesidad, habrá de concretarse tarde o temprano. En principio, hay que aclarar sofismas que confunden el análisis objetivo, como aquél que resulta de encuadrar en la categoría “privada” -que evoca la libertad e intimidad de la persona humana- a un poder que en realidad viene de la apropiación del espacio social perteneciente al conjunto de la comunidad. Por este camino incierto, la “libertad de prensa” se convierte en “libertad de empresa”; es decir en el negocio de la comunicación, muchas veces sin responsabilidad ética ni social alguna.

El derecho primordial, que es el derecho a la expresión de todos y cada uno de los ciudadanos, se conculca por este procedimiento demoliberal, que a nombre de un individualismo exacerbado, en rigor masifica e insectifica a la gente. Se ensalza en lo ideológico un “pensamiento único”, en vez de una actitud creadora y transformadora de fuente pluralista; y se consiente en lo estratégico una actitud unipolar y unilateral, que trata de justificar el hegemonismo y descartar el valor de los procesos propios de integración regional.

Por lo demás, la antinomia individualismo-colectivismo no corresponde al modelo argentino del proyecto nacional, que propugna la realización conjunta y armónica de la persona y la comunidad, sin postulaciones extremas. El equilibrio necesario en la comunicación, entonces, exige, entre otras cosas, ir reemplazando el exhibicionismo de aquellos pequeños movimientos transgresores -sin contenidos de dignidad humana-, por el protagonismo de los movimientos reformadores, de auténtico cuño solidario.


El valor de la armonía, la participación y la cooperación

De manera similar, hay que brindar una información ecuánime, con redes propias públicas y comunitarias, e interpretaciones de la situación desde una perspectiva de pertenencia cultural, como se hace en todas las otras regiones del globo. Giro necesario, en este plano, respecto de la saturación informativa de las redes transnacionales, sus análisis teledirigidos y la manipulación “culturosa” que desconoce la producción nacional, que esas corporaciones no transmiten al mundo, porque según ellas sólo existimos para las malas noticias.

En cuanto a la producción mediática, la descentralización debe primar sobre el excesivo centralismo de la globalización; y la difusión tiene que integrarse por regiones para combatir el flagelo de la masificación, que sólo fomenta conductas uniformadas en la pasividad. En fin, una comunicación lo más interactiva posible, cuya propiedad vaya pasando de los monopolios actuales, que ejercen un poder político y económico, fuera de todo principio de representación y supervisión democrática. El futuro merece también en este campo, un destino común de participación y cooperación.

La etapa de transición hacia un verdadero proyecto de país, exige la confluencia de las reformas imprescindibles en el campo económico, social y político. El empresariado, debe redefinir su rol en el aporte al destino comunitario. Las organizaciones sociales, tienen que actualizarse pasando de la protesta a la propuesta, con sugerencias positivas y factibles de realización. Y las fuerzas políticas, necesitan mejorar sus programas de acción y seleccionar correctamente sus recursos de capacitación y dirección, para recuperar la credibilidad y la representatividad perdidas. Porque no se trata sólo de administrar un Estado y reformar sus normativas, sino de promover la información, la educación y la comunicación para un desarrollo pleno y justo.