Licastro estará presente en la presentación de la Revista de la Fundación Rucci.

Exitosa inauguración del CEDIR.

Con una numerosa y selecta convocatoria fue inaugurado el Centro de Estudios Institucionales de la Defensa y la Integración Regional- CEDIR , perteneciente al Instituto de Estudios Estratégicos y Relaciones Internacionales- IEERI- del Círculo de Legisladores del Congreso de la Nación Argentina.

- El acto de presentación fue puesto bajo la evocación del padre de la patria Don José de San Martín, al cumplirse un nuevo aniversario de su paso a la inmortalidad. La recordación del prócer, en el marco del Bicentenario de la Revolución de Mayo (1810- 2010) estuvo a cargo del Agregado de Defensa a la Embajada del Perú, Coronel F.A.P Edgardo Calderón Tello, quien se refirió a la gesta épica y proyección histórica del Libertador de Argentina, Chile y Perú; recibiendo un “diploma de honor” por su participación en el evento.

- En el desarrollo del acto académico, y según el programa previsto, expusieron la Sen adora de la Nación (MC) Liliana Gurdulich, Vicepresidenta del IEERI y ex Presidenta de la Comisión de Defensa del Sen ado; el Embajador (r) Julián Licastro ex Jefe de la Delegación Argentina ante la Junta Interamericana de Defensa –JID- y el Dip utado de la Nación (MC) Francisco Patricio Toto, Ex-Vicegobernador de la Provincia de Santa Cruz, Vicepresidente 1º del Círculo de Legisladores y Presidente del IEERI.

- Los expositores enfocaron distintos aspectos del temario propuesto, en forma complementaria, desde la historia institucional del Círculo de Legisladores del Congreso de la Nacional y su marco legal, normativo y orgánico; la creación y funcionamiento, dentro del Círculo, del IEERI para asesoramiento legislativo y otras tareas afines; y la puesta en funcionamiento actual del CEDIR como unidad de estudio en esta materia específica.

- Luego de las palabras de cierre por parte del Dip utado de la Nación (MC) Francisco P. Toto, éste invitó a un “vino de honor” donde departieron animadamente los numerosos participantes al acto: legisladores, diplomáticos nacionales y latinoamericanos, académicos, dirigentes políticos y sindicales, y oficiales de las fuerzas armadas; surgiendo una serie de interesantes iniciativas respecto del próximo plan de trabajo del CEDIR.

- Finalmente, se distribuyó la primera publicación del flamante centro, que está a disposición de quienes así lo soliciten.

Para consultar el texto completo de los contenidos resumidos por los expositores mencionados, consultar la página www.ieeri.com.ar

Donde figuran:

I. Presentación del CEDIR.

II. Introducción al CEDIR

III. Afirmación de Principios y Valores.

IV. Núcleos temáticos a desarrollar.

V. Resumen de cada expositor.

Invitación presentación del CEIDIR

El día miércoles 18 a las 18.30 hs en el Círculo de Legisladores de la Nación (Mitre 2087 piso 1) se presentará oficialmente el CEIDIR (Centro de Estudios Institucionales de Defensa e Integración Regional).

PROGRAMA DEL ACTO ACADEMICO

Palabras de apertura a cargo de la Senadora Nacional (MC) Liliana Gurdulich, Vicepresidente del IEERI (Instituto de Estudios Estratégicos y Relaciones Internacionales) .

Exposición sobre el CEIDIR a cargo del Embajador (r) Julián Licastro.

Palabras en homenaje al Libertador Gral. San Martín a cargo del Coronel FAP (Fuerza Aérea Peruana) Edgardo Calderón Tello, Agregado de Defensa del Perú en Argentina.

Palabras de cierre a cargo del Diputado Nacional (MC) Francisco Toto, Vicepresidente del Círculo de Legisladores y Presidente del IEERI (Instituto de Estudios Estratégicos y Relaciones Internacionales).

Política y Estrategia.

El liderazgo superior es la encarnación del más alto nivel de conducción política establecida como sistema organizado, con la participación de una amplia franja de dirigentes cooperantes imbuidos de un mismo proyecto nacional. Este diseño, coherente más no dogmático, debe tener la virtud de servir a una estrategia con unidad de concepción y de acción, pero descentralizando la táctica aplicada a cada lugar de un vasto despliegue territorial, ejerciendo su propia iniciativa y responsabilidad sin actitudes copistas.

Es una definición general un tanto ideal pero necesaria para actuar en la referencia doctrinal de un análisis crítico constructivo. Este análisis, sin apuntar específicamente a ninguna personalidad pública o figura más o menos representativa, puede contribuir a orientar mejor los ensayos de reconstrucción política que se están intentando a partir del nuevo clima social evidenciado en la especial celebración del bicentenario argentino. Discursos menos confrontativos; renovación interna en partidos tradicionales; y promesas de unidad en sectores disidentes fragmentados, parecen augurar una mayor estabilidad y funcionamiento institucional, dando tiempo y espacio adecuado para la presentación de propuestas válidas en la permanente actualización que impone una sociedad civil activa.

De esta forma se despejan los verdaderos plazos protagónicos de oficialismo y oposición, como corresponde a un verdadero funcionamiento democrático que aleje o descarte los riesgos del accionar por resentimiento; del apresuramiento en los ataques; de la obstrucción o la parálisis parlamentaria y de la inconveniente judicialización de la política. En fin, un beneficioso volver a la prudencia imprescindible del punto de equilibrio y ecuanimidad.

Esta nueva situación, en principio auspiciosa, nos lleva a recordar con espíritu de prédica y humildad, qué debe ser y que no debe ser el liderazgo, en el planteo y solución de nuestros problemas dentro del régimen republicano donde parece que quisiéramos vivir, con una democracia cada vez más eficaz e inclusiva. Porque no se trata de pensar por pensar, ni de pensar para discutir sobreactuando un intelectualismo siempre inocuo en la actividad política -que es en esencia presencia y acción-, sino de pensar

para hacer corrigiendo y transformando los aspectos cuestionados de la realidad.

La teoría y la praxis alcanzan categorías de apoyo cierto a la política real, cuando ingresan al ámbito enriquecedor de la formulación de opciones y alternativas, con ideas operativas concretas y bien fundamentadas. La crítica por la crítica con pretensiones académicas dudosas, y la crítica mediática motivada en intereses parciales o corporativos, no sirven a la acción fructífera del bien común, que debe darle sentido y utilidad al arte-ciencia de la estrategia, aplicada a la resolución de los asuntos civiles más complejos.

Este dar significado y finalidad a la vida de una comunidad nacional de amparo atiende en especial al porvenir, inmediato o mediato, lo cual incluye una dinámica constante e intensa de toma de decisiones. Y toda decisión implica capacidad de resolución y determinación, asumiendo las consecuencias de inclinarse finalmente por uno u otro camino estratégico y táctico. Luego, la irresolución, la ambigüedad y la excesiva cautela de los dirigentes indecisos, que representan el deslucido papel de “héroes a la fuerza”, significan la muerte de la conducción.

El juego de voluntades contrapuestas que es propio de la naturaleza de la acción política, aún dentro del orden constitucional, por supuesto, no deja de ser duro e implacable. Allí naufragan el idealismo sin fuerza objetiva y el escepticismo pesimista y paralizante. Hace falta, en cambio, la combinación de un realismo clásico, orientado por una vocación persistente de innovación y cambio a favor del pueblo, sin caer en la ineficacia de la improvisación y la falta de planes de largo aliento.

Liderazgo es amplitud y no sectarismo; conducción persuasiva y no autoritarismo; oposición constructiva y no cerril; alianzas programáticas y no oportunistas; renovación verdadera y no superposición de figuras fantasmales de la política que “ya fue” y que aparecen como responsables de las etapas preliminares de la última crisis. Quizás el aspecto más lamentable sea que el rol de “partido opositor” lo cumpla en rigor un medio de prensa que comenta todo y de todo, cuando muchos dirigentes no explican nada o hablan por hablar sin decir ni sentir un auténtico mensaje político.

Vale aclarar también que el apoyo crítico, no incondicional ni caudillista, significa una clara suma de fuerzas que no debe descartarse porque resulta clave en los momentos decisivos frente a una contradicción principal. Por lo demás, la definición de ideales y valores compartidos que representa la adhesión doctrinaria, ofrece una plataforma fundamental para afirmar simultáneamente la identidad y la unidad política general de los grandes partidos populares y movimientos nacionales.

Creemos firmemente en un destino de grandeza y felicidad para nuestra patria, en confluencia con el continentalismo suramericano. Será, sin duda, un destino compartido y próspero producto principalmente de nuestro esfuerzo inteligente y continuado en el tiempo, que debe reunir así a todas las generaciones del país. Como expresión de esta esperanza y a diferencia de obras anteriores en que hemos querido homenajear a nuestros viejos maestros, dedicamos estas sencillas páginas a las nuevas promociones de dirigentes argentinos, para con ellos saber ver y poder creer en el futuro.

Bicentenario: reflexiones sobre la participación civil

Las horas emocionales y las horas reflexivas

Se aproxima las fecha celebratoria del bicentenario que preferimos no considerar en el simple expediente del tiempo transcurrido desde el 25 de mayo de 1810, con un criterio simplemente cuantitativo de “años cumplidos”. Resulta más sugerente hacerlo volviendo la mirada al “día del nacimiento” patrio; porque esta perspectiva de análisis nos permite considerar sus causas y motivaciones fundacionales, y comprender las esperanzas proyectadas en un destino imaginado de libertad y grandeza.

De este modo, sin menoscabo de nuestra identidad nacional, podremos repensar críticamente los factores de frustración o desencuentro que nos demoraron en sendas sinuosas o desvíos, respecto a los grandes objetivos postulados por nuestros próceres. Ocurrió que perdida la meta, perdimos también el camino, lo cual exige ahora volver a orientarse para retomar la dirección de avance. El rumbo está señalado, sin duda, por los mismos principios y valores del alumbramiento de hace dos siglos, cuyo significado en el contexto histórico es irrevocable.

Debemos hacerlo, sin abandonar nuestras tendencias políticas, pero por encima de las ideologías y los partidos; o mejor dicho: amalgamando los elementos más positivos de nuestro haz de líneas de pensamiento y acción existentes en una realidad que nos incumbe a todos por igual. En tal instancia, lo único imperdonable es la falta de participación y compromiso en el quehacer ciudadano, que siempre nos afecta y determina, aunque algunos pretendan aislarse y demostrar indiferencia.

En la trama social de las agrupaciones humanas, la decadencia se manifiesta acompañada de una subcultura del pesimismo y el individualismo, porque esta mentalidad se permite negar el optimismo de la acción para no involucrarse en la tarea de transformación pendiente. Por esta razón, la peor crítica política es la de aquellos que no hacen nada; mientras que, en cambio, la mejor crítica es la de aquellos que piensan libremente y hacen lo que deben, y por lo tanto merecen ser escuchados en sus opiniones y reclamos.

La libertad como derecho y como deber

La condición del hombre es el pensar; la condición del pensar es la libertad; y la condición de la libertad es la búsqueda de la verdad. De allí la sentencia bíblica: “sólo la verdad os hará libres”, porque la mentira somete y esclaviza; y ella suele hacerlo con el mecanismo de presentar como un bien general aquello que es meramente el interés particular de los grupos de especulación y dominio.

Hoy las malas artes de la sofística, ya develadas por la prédica de los filósofos clásicos de la antigüedad, se manifiestan en los modernos monopolios mediáticos controlados finalmente por los círculos de poder económico y financiero. Ellos “fabrican” supuestos liderazgos, funcionales a sus objetivos de influencia y presión, mientras difaman o ignoran a los dirigentes honestos que los enfrentan. Surgen así los falsos líderes que terminan desmintiendo sus promesas sociales y por ello, tarde o temprano, reciben el rechazo y la resistencia democrática del pueblo.

En la acción política, superar esta situación exige recuperar niveles significativos de participación civil, para “saber de que se trata” y generar fuerza de impulso tras las alternativas y propuestas correctas. Por definición, esta gravitación participativa no es un hecho individual sino una acción referida al sector donde legítimamente coincidimos, lo que ímplica evolucionar del individualismo inoperante a formas articuladas de organización en la base comunitaria.

Entramos así en el tema de la capacidad de convocatoria de los referentes comunitarios, como modo de reencontrar la credibilidad y la confiabilidad de la polis, que han extraviado las burocracias partidistas encerradas en su propia opacidad. Es un acto reinaugural de la república y de la democracia, que renacen al retomar su voz la opinión genuina de la gente, que se expresa en la palabra persuasiva, se sostiene en el diálogo abierto, y se perfecciona en el debate sincero y constructivo que nunca hay que clausurar.

Gobernar con el pueblo

La democracia ha sido definida como el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo; sin embargo está en crisis de representación y representatividad a causa de una intermediación política poco transparente y nada eficaz. Ante estas circunstancias que día a día se agravan, cuotas de poder, en la práctica social cotidiana, revierten al seno de la sociedad, pero en los términos caóticos de transgresiones y desbordes por la ausencia evidente de espíritu de convivencia y control democrático.

La gente advierte preocupada esta anomalía institucional y paulatinamente se siente agraviada por una anarquía que no favorece a nadie. ¿Cómo se hace entonces para aprovechar la percepción de un poder propio, que tiene que utilizarse para bien, reformando el sistema a favor de todos? La respuesta es precisamente una mayor participación civil que califique a la democracia por su capacidad de gobernar con el pueblo atendiendo sus opiniones, reclamos e iniciativas de la manera más directa posible.

Es una operación al principio minoritaria, de grupos y sectores más conscientes del potencial objetivo que entraña el saber participar, pero luego se convierte en un cambio de actitud a escala social. Este cambio es imposible de realizar sin el surgimiento paralelo, en cantidad y calidad, de líderes comunitarios integrados en la lógica propia de un movimiento que propague con contundencia las manifestaciones de la base. Por ello estos líderes naturales tienen, antes que nada, que inspirar confianza y adquirir prestigio para lograr el desarrollo de su acción, al margen de las pequeñas disputas de partido y de la frivolidad mediática.

Una verdadera militancia de participación requiere “tomar parte” en la realidad tal como se da, sin excesivas añoranzas nostálgicas de “tiempos que fueron mejores”, ni pronósticos apocalípticos que atemorizan y paralizan toda actividad. Se trata, no sólo de neutralizar las corrientes negativas y desmoralizantes que nos agobian, sino de conducir a franjas crecientes de la sociedad civil desde miles de posiciones activas de liderazgo comunitario; y ayudando a vencer la decadencia democrática con la incorporación de fuerzas nuevas, creativas y de reserva.

Asumir la iniciativa

Por lo demás, el concepto de “poder” se vacía de contenido ético cuando no se afianza en una autoridad legítima y eficaz, en cada jurisdicción del país y en cada institución del estado de derecho: ya que en la verdadera acción política se juegan principios morales porque están en conflicto cuestiones vitales de la condición humana. Por eso, volcar la situación sobre el molde de un plexo de valores y buenos ejemplos, produce la consiguiente extensión del radio de contención de los nuevos líderes, dando no sólo más número sino más fuerza al movimiento social, porque éste acumula la energía que se produce cuando se trabaja seriamente en organización y conducción.

Un movimiento es acción multiplicada por el método de su realización en un escenario social determinado. Es fuerza activa que construye poder, o no es un movimiento. Éste es el sentido político de la militancia de participación, al margen del carácter cerrado y fragmentario de supuestas “vanguardias” burocráticas. La clave organizativa no es compleja, porque la propia problemática que se vive, al madurar la crisis, va proponiendo naturalmente objetivos y acciones a quienes están resueltos a asumir la iniciativa.

El ciclo histórico dicta así sus tendencias apropiadas a los nuevos componentes políticos, que las deben asimilar y asumir sus consecuencias. Este aprendizaje sobre la marcha de los acontecimientos, tiene que reflejarse simultáneamente en la ampliación del frente de acción, descartando la rémora del sectarismo que agotó, precisamente, a la etapa anterior. Por esta vía, y cuando ya exista una masa crítica de cuadros, se operará el recambio, pero no impulsado por la mera ambición de cargos y prebendas, sino con conciencia de aporte a la reanudación del proyecto nacional, que es lo que colectivamente importa y queda en la historia.

La cooperación mutua de las distintas generaciones

Liderar es dar vida a las formas orgánicas de la actividad política o social, por obra de la presencia decisiva de aquellos que tienen la fuerza espiritual y el talento necesario para evitar la rutina y la mediocridad de las estructuras inertes. Esta fuerza, que algunos llaman “carismática”, comienza a gestarse en un núcleo de creencias y convicciones, íntimas y poderosas, que se irradian a los demás como prolongación inconfundible del alma de la conducción.

Sin embargo, expresar “lo nuevo” y tener la vocación de consagrarlo en una reforma profunda de la actitud comunitaria, nunca es obra de un “partido de la juventud”, porque supone un proceso largo que exige constancia para persistir en el tiempo. Luego, la clave está en la organización, y en el enlace de las distintas generaciones, sumando las virtudes y neutralizando los defectos inherentes a cada una de ellas. De la generación juvenil su empuje y entrega pero evitando la intemperancia; de la generación intermedia su capacidad organizativa pero evitando las tendencias burocráticas; y de la generación veterana su experiencia y prudencia pero evitando el escepticismo.

Los pueblos constructores de grandes naciones, lo hicieron así, por encima de todas sus penurias y contrastes, porque siempre creyeron que lo mejor de su historia era lo que estaba por venir. Sin esta expectativa creadora hubieran percibido el futuro como una fusión de obstáculos y amenazas, y habrían perdido la virtud cardinal de la esperanza, que tiene el don de aligerar el camino con entusiasmo y fe.

Bicentenario: reconstrucción de la comunidad

Lograr una unidad orientada por la conciencia histórica

Una sociedad irreconciliable es una sociedad dividida, y como tal está en estado de indefensión e incluso de desintegración. En consecuencia, reconciliar a nuestra comunidad es unirla en sus organizaciones propias y libres, e insertarla sinceramente en la articulación de un Estado confiable y eficaz. Aunque la reconciliación nace en el corazón de las personas, trasciende lo individual, lo grupal y lo sectorial, por constituir el ejemplo de unión y pertenencia nacional requerido como prueba de identidad y fortaleza en el concierto mundial.

Es una unidad que, sin desconocer el pasado ni desatender el presente, se dirige al Proyecto Nacional como destino histórico común aún pendiente. Sin embargo, esta proyección nacional y regional tan necesaria no puede hacerse en un marco de ocultamiento, impunidad y olvido; por lo cual hay que observar y ejercer íntegramente el derecho a la verdad, la justicia y la memoria.

Así como en el desarrollo del pensamiento moderno se incorporaron los derechos personales del sujeto, su privacidad e intimidad y el respeto a la otredad; así también se cubrió de contenidos la idea de “conciencia histórica”. Es un concepto paralelo y complementario de los derechos individuales, para evitar que la exacerbación del aislamiento y el individualismo sin sensibilidad social, desemboque en egocentrismo, decadencia y nihilismo por desconocer los sentimientos y creencias fundantes de la comunidad: porque nadie puede realizarse plenamente en un contexto vivencial de frustración.

Derecho universal a la verdad, la justicia y la memoria

El derecho a la verdad es irrenunciable y solidario con los principios y valores que emanan de la libertad, base a su vez de la soberanía popular y del imperio de la ley. Por ello, el recurso a la indagación histórica es una antecedente fundamental de la investigación y sanción judicial. Por otra parte, el conocimiento que adquieren el ciudadano y la comunidad de la historia de su opresión, por fuerzas externas o internas, integra su patrimonio cultural e identidad singular; y brinda la oportunidad moral de la catarsis psicosocial que facilita la reflexión y la autocrítica institucional y personal, preparatorias de un posterior ciclo de reunificación nacional.

El derecho a la justicia es clave en la lucha contra la impunidad amparada en la estructura del Estado y perpetrada en el marco del autoritarismo político y los golpes y dictaduras de todo tipo. La investigación y sanción de la violación de los derechos humanos, surge así con una jurisprudencia de amplio consenso, capaz de establecer una instancia universal basada en declaraciones, tratados, asambleas y cortes penales, de gran resonancia mundial.

Se trata de una parte nueva y muy actual del Derecho Internacional -comenzada quizás con el Derecho Internacional Humanitario que rige en los conflictos bélicos [Convenciones de Ginebra y La Haya]- pero que ahora, para este tema específico, no se reduce al protagonismo de los Estados en litigio, sino que gira alrededor del sujeto de derecho constituido por la persona individual, en su dignidad innata y prerrogativas imprescriptibles.

El derecho a la memoria, completa el ámbito ético y jurídico de los otros dos enunciados, en tanto actúa educativamente para prevenir la repetición de modelos de violencia e intimidación masiva, que tienen a la humanidad en su conjunto como víctima, por efecto recíproco. Para ello, debe conocer los testimonios de los periodos superados, crear espacios comunes de recordación y trasmitir las enseñanzas dolorosas de la historia, frente a las reacciones negadoras de estos hechos, o aún reivindicativas de los métodos violatorios de la condición humana.

Restauración ética del Estado y la sociedad

Es sobre esta base que las responsabilidades individuales no pueden ser excusadas con el principio de obediencia debida, considerada como disciplina ciega respecto a órdenes ilegales que no se deben impartir, ni cumplir, ni permitir. Por eso también, y en última instancia, son los cuadros profesionales del sistema de defensa, los que en el aquí y ahora de la acción, deben garantizar la justicia de sus actos a partir de una sólida formación humanista, un profundo sentido del honor y un exacto conocimiento de sus deberes y obligaciones en la dosificación controlada de la fuerza confiada a su mando.

Reconciliar presupone restaurar la condición ética y moral del Estado, y reimpulsar la participación democrática de la sociedad; porque –en la correcta acepción de los términos- sin ética no hay política, sin política no hay democracia, y sin democracia no hay derecho. Sobreviene allí un ciclo pendular entre autoritarismo y caos, donde el empleo de la violencia revierte desde el Estado a los particulares organizados en círculos de poder, grupos de acción directa o bandas delictivas.

El servicio de justicia, con su misión reparadora en lo espiritual y material, facilitará en el tiempo la reconciliación nacional, potenciada por una nueva etapa política que, ya cumplidos los fines de la actual, sepa sumar a los principios y valores fundamentales de nuestra comunidad, la voluntad estratégica de reconstruir un sistema de defensa actualizado, creíble y suficiente, lo cual incluye asignar los recursos presupuestarios compatibles. Este objetivo servirá a la consolidación democrática, vía el perfeccionamiento factible de la relación civil-militar, y la integración de nuestros esfuerzos confluyentes en una defensa cooperativa regional, a fin de mantener los beneficios permanentes de la paz como recurso estratégico para el desarrollo.

Fortalecimiento de la integración regional

La unión continental de Nuestra América, que estuvo presente como ideal desde la gesta de nuestra independencia, tiene hoy la posibilidad cierta de su realización. Una serie de fenómenos políticos y estratégicos marcan esta evolución posible, al descartar por obsoleto el orden mundial basado excluyentemente en un hegemonismo unipolar. Por consiguiente, la actual etapa geopolítica trata de establecer nuevos equilibrios multipolares que, con adecuadas prácticas diplomáticas multilaterales, sean capaces de lograr una paz internacional bajo el principio de cooperación y no de dominación.

La contribución argentina, que ya en la década de 1950 fue precursora en la posición de ubicar a la región como clave de un proyecto de desarrollo y defensa mancomunado con los países suramericanos, implica sustentar la teoría y la praxis del continentalismo. En el aspecto geoeconómico, esta actitud presupone percibir la ventaja de un vasto espacio articulado en lo productivo, pero sin los límites excluyentes de la especulación ultracapitalista, que suele afectar la cohesión territorial y social de los pueblos, dañando además el medio ambiente y el equilibrio ecológico, y despilfarrando recursos naturales vitales para un desarrollo autosustentable.

En el aspecto cultural e institucional, la integración incluye el esfuerzo paulatino y sostenido de construir una ciudadanía regional, definida por valores, principios y criterios similares y afines, con sentido de identidad y pertenencia continental. Para ello, es preciso recuperar el rol del Estado, negado por las ambiciones y presiones transnacionales, y fomentar una educación dirigida a una convivencia responsable para una asociación estratégica fecunda y perdurable.

La región, integrada en un sistema moderno, eficaz y productivo, libre de las trabas explícitas o encubiertas de los intereses de las grandes corporaciones monopólicas, es la herramienta poderosa que hoy se destaca en el horizonte mundial, para asegurar la prosperidad y la pacificación internacional. Sin ella, no hay ninguna posibilidad de alcanzar, en forma separada y aislada, los objetivos trascendentes del Proyecto Nacional de cada país en su expresión más amplia.

Coordinación de la defensa regional

La Unión de Naciones Suramericanas – UNASUR- en un paso inédito, ha tomado la iniciativa de crear el Consejo Suramericano de Defensa para consulta, cooperación y coordinación de sus Estados Miembros en este ámbito especifico, y con la finalidad superior de consolidar a nuestra región como zona de paz. Con tal propósito, promueve la solución pacífica de las controversias y fomenta las medidas de confianza mutua y transparencia que fortalecen la estabilidad y previenen conflictos.

En el ordenamiento interno de los participantes, se afirma el pleno reconocimiento de las instituciones encargadas de la Defensa Nacional, que están consagradas en sus respectivas Constituciones; al par que destaca la subordinación de éstas a la autoridad civil legalmente establecida. De igual modo, señala la responsabilidad y participación ciudadana en los temas de defensa, en cuanto la define como bien público que atañe al conjunto de la sociedad, lo que equivale a considerarla insoslayablemente un deber y un derecho comunitario.

La Defensa Regional parte del respeto irrestricto a la soberanía, integridad e inviolabilidad territorial de los Estados; la no intervención en sus asuntos internos y la autodeterminación de los pueblos. En esta índole de principios fundamentales, rechaza la presencia o acción de grupos armados al margen de la ley, que ejerzan o propicien la violencia cualquiera sea su origen.

Con esta orientación, que debe difundirse, perfeccionarse y consolidarse en una nueva entidad e identidad defensiva de alcance regional, será posible generar los consensos necesarios para la cooperación en el marco de las políticas de Estado destinadas a coordinar esos esfuerzos en forma progresiva y flexible. En el mismo tono, es necesario fortalecer y apoyar a los Ministerios de Defensa como organismos idóneos de conducción superior; integrar una red de institutos de formación y capacitación conjunta y combinada; y vincular los distintos centros de investigación científico- tecnológica y los emprendimientos de producción para el sector.

Es una decisión impostergable dejar la situación de dependencia científico-tecnológica y de indefensión industrial y logística que implica ser importadores netos de equipos y materiales para la defensa. Tomar este camino abrirá un gran horizonte de iniciativas bilaterales y multilaterales para alcanzar niveles de industrialización, no sólo imprescindibles para la seguridad estratégica, sino para su articulación y aporte a la producción civil.

Compromiso y participación de la sociedad

Lo importante en la definición del Proyecto Nacional son los impulsos vitales que se autoafirman, basados en arquetipos históricos y culturales generadores de nuestra singularidad como país. Su guía insoslayable, le otorga aliento y vocación de sentido trascendente al proceso cíclico de nuestra trayectoria en el concierto mundial. Es conveniente rescatar la dimensión de la gran política, aplicable a las categorías propias de la planificación estratégica, única forma de movilizar todo nuestro potencial humano y de recursos naturales disponibles. Una visión deseable de país a realizar, con perspectiva de acceso inteligente al futuro; una resolución general de nuestra problemática, traducida a una serie coherente de ideas-fuerza como vectores bien orientados del pensamiento nacional en todas las áreas de actividad.

Es una necesaria arquitectura vertebral del cúmulo de políticas de Estado consensuadas, que debe llevarnos a un porvenir de mayor desarrollo político, económico, social y cultural, con la participación de las grandes mayorías populares. Esfuerzo integrador, progresivo y de largo plazo, que tiende a reconfigurar históricamente la personalidad del país, mas allá de la alternancia gubernamental y de los matices ideológicos que califican la pluralidad democrática.

No es un proceso abstracto ni mecánico sino orgánico, por la estructuración natural, no forzada, de todas las fuerzas representativas y la ciudadanía en general. Con este propósito, hay que crear espacios de reflexión e intercambio de análisis, experiencias y propuestas. Recordemos que no hay sociedad sin conflicto, pero tampoco democracia sin diálogo; por eso, plantear un debate sincero y constructivo no es una ingenuidad. Representa la única posibilidad de moderar, integrar y sintetizar una multiplicidad de objetivos y procedimientos, que pueden y deben ser compatibilizados: es la alternativa positiva a los riesgos provocados por la intolerancia reiterada, la división agresiva y la violencia latente.

Construir una voluntad de sentido histórico y de convivencia comunitaria exige una Defensa Nacional de carácter integral, como ya la hemos definido, incluyendo su necesaria proyección regional dentro de la tendencia geopolítica continental y mundial. Esta tendencia muestra también que las crisis irresueltas de identidad nacional, al agravarse, atraen el peligro de vacío institucional y fragmentación territorial. El pensamiento estratégico, en este orden, debe preservar la unidad y la integridad nacional, no únicamente con la acción del gobierno y las instancias del Estado, sino con la franca participación de la sociedad en su conjunto, sus organizaciones e instituciones. Obviamente, aceptando los problemas que enfrentamos, que no deben ni negarse ni exagerarse, para asumir con entusiasmo los compromisos actuales de nuestra comunidad de pertenencia.

Bicentenario: reflexiones sobre la defensa.

Superar el subdesarrollo estructural e institucional

Vivimos tiempos de bicentenario en todos los países hispanoamericanos, con pequeñas diferencias cronológicas que son apenas pocas líneas en el denso registro de una historia común. No podría ser de otra manera porque, a despecho de visiones aisladas y estrechas, somos parte por igual de la fragmentación del imperio español en estas tierras de pueblos originarios presididos por grandes culturas autóctonas. Somos también producto de las condiciones creadas por otras potencias europeas, que deseaban suceder a la antigua metrópoli con sus propias influencias hegemónicas.

Objetivamente, no podemos desconocer ni la derrota de civilizaciones asombrosas, pero distintas en sus ciclos tecnológicos y por lo tanto inermes frente a la invasión de ultramar; ni tampoco obviar las injusticias de todo imperio territorial y virreinal volcado a la extracción de riquezas y recursos; ni ignorar los nuevos métodos neocoloniales que se impusieron basados en la explotación económica y financiera. Sin embargo, nuestra virtud esencial fue entonces la decisión de emanciparnos y la vocación espontánea de hacerlo unidos y solidarios, según el testimonio irrebatible de las grandes campañas libertadoras.

Pero, ni la opción por la independencia fue integral, porque desconoció el valor de la autodeterminación económica; ni la libertad incluyó la justicia social y el desenvolvimiento de una verdadera democracia. Así, por la ley de hierro del subdesarrollo crónico, se expresó la violencia estructural en la forma de golpes, represiones, revoluciones, contrarrevoluciones y guerras fratricidas de frontera. Por eso el hito de los 200 años de una trayectoria aún truncada, es propicio para reflexionar sobre nuestro destino, empezando por desentrañar el fatalismo de la violencia y su secuela de anarquía, dictadura y autoritarismo que le resultan políticamente consanguíneos.

No decimos “violencia” en el sentido restringido a los enfrentamientos cruentos, porque pensamos que toda imposición de fuerza, incluso la encubierta en los manejos venales de las democracias a medias, también violenta las vidas individuales y la existencia conjunta de la comunidad. Por ello, hay que revisar la “constitución real” de nuestras sociedades en sus hábitos cotidianos de relacionamiento colectivo, y compararla con la “constitución legal” de nuestros Estados que tantas veces se ignora o incumple. De este debate surgirá que el primer mérito de un futuro diferente, deberá ser nuestro desarrollo estructural e institucional, para encarnar definitivamente el bien común en acción.

Dicho de otro modo, es conveniente iniciar una serie de reflexiones sobre el bicentenario con el tema primordial del perfeccionamiento de la relación civil-militar, dentro de un enfoque democrático moderno y constructivo: porque esta relación estuvo en el principio de nuestra fundación como estados independientes. Y porque ella, con sus aciertos y errores, ha seguido prácticamente hasta hoy todas las vicisitudes de nuestro devenir político e institucional. En consecuencia, y aunque ahora aparecen otros problemas determinantes en lo económico y social, consolidar una defensa republicana y democrática será la clave de la estabilidad y la viabilidad que requiere la solución de toda crisis estructural contemporánea.

El Estado de Derecho como logro de la evolución cultural

El Estado de Derecho, como convicción y disposición de toda una comunidad a vivir bajo el imperio de la ley y de las normas regulatorias del conjunto nacional en lo político, económico y social, comienza sin duda en la elección democrática del gobierno, como expresión de la libertad y soberanía del pueblo. De esta manera, se acota el acceso al poder legítimo y se limita racionalmente su ejercicio de acuerdo al ordenamiento constitucional y jurídico-legal vigente.

Por consiguiente, el procedimiento democrático por excelencia es la celebración de elecciones periódicas, libres y basadas en el sufragio universal y secreto de las autoridades ejecutivas y legislativas en el plano nacional, provincial y municipal. En cuanto a la gestión del gobierno así elegido, debe responder al orden normativo antedicho; la acción de los organismos institucionales de control democrático del poder; y la propia iniciativa de petición y reclamo de los ciudadanos, de manera individual o grupal, para perfeccionar las vías de participación.

En este marco, adquieren su valor singular los Derechos Humanos, por el reconocimiento de la existencia innata de determinados atributos de la persona que deben ser inviolables por el poder público, al margen de interpretaciones ideológicas sesgadas. Estos derechos protegidos, al ser parte destacada del bien general, no se reducen a un área, sino que todo el aparato gubernamental tiene que asegurar su vigencia, sea por la vía de los derechos civiles y políticos, sea por la vía de los derechos sociales y culturales, para una vida digna y trascendente.

Para vigilar el cumplimiento de estos derechos, sancionar su violación, restablecer su vigencia y reparar sus daños, es fundamental la garantía que brindan el principio de legalidad; la separación e independencia de los poderes -especialmente el poder judicial- y la responsabilidad individualizada en el desempeño de funciones públicas. Esto último implica que los funcionarios respondan y asuman las consecuencias penales del uso indebido o excesivo del poder, sin ampararse en códigos políticos, profesionales o corporativos.

Recoger la experiencia histórica fortaleciendo el orden constitucional

Obviamente, el atentado más grave que se puede cometer contra la democracia, como forma evolutiva de la convivencia humana, es la ruptura o alteración del orden constitucional. La experiencia señala que los modos más habituales de intervenciones antidemocráticas han sido, lamentablemente, las dictaduras militares o cívico-militares, cuya pauta repetitiva es el desconocimiento de la soberanía popular, la negación del Estado de Derecho y la violación de los Derechos Humanos en un tríptico potenciador de una continua escalada represiva.

En estos casos, el poder es tomado ilegalmente por una minoría autoritaria, para servir sus propios intereses sectoriales, militarizando crecientemente al Estado y aún a la sociedad; y utilizando a las fuerzas armadas, fuera de su función legítima, como “partido militar” y fuerza de ocupación de su propio país. Aunque de ninguna manera son argumentaciones aceptables, los golpes de Estado han invocado algunas motivaciones para interrumpir, provisoria o permanentemente, la normalidad institucional; estas son: el autoritarismo, la corrupción, la anarquía y la violencia facciosa como modo de acción política.

Desde el punto de vista ético-político, es necesario recoger esta experiencia histórica, fortaleciendo a las instituciones de la democracia, y en particular observando su plexo de deberes y derechos básicos. El autoritarismo, por ejemplo, es contrario a la metodología democrática que, no sólo exige ciertos procedimientos consensuados y compartidos de decisión, sino todo un procedimiento de codeterminación del pueblo y sus representantes: la minoría respetando los derechos de la mayoría y viceversa. La negación o anulación de alguno de estos dos términos interactuantes – oficialismo y oposición- degrada al sistema en su conjunto y lo expone a riesgos innecesarios.

De igual modo, la corrupción, y sobre todo la corrupción administrativa impune, afecta la confianza de la ciudadanía en el gobierno y el Estado, promoviendo paralelamente la indiferencia, la indolencia, el desánimo y hasta graves niveles de caos social. Esta situación, sumada a eventuales crisis de representatividad política y atomización partidaria, puede aumentar la percepción de inseguridad general, motivando cuadros de maltrato e irritabilidad urbana, como caldo de cultivo de actitudes antidemocráticas.

El principio estratégico de unidad de conducción y acción

En la jurisprudencia de todos los países organizados del mundo, el Estado es el depositario de la fuerza, debiendo ejercer legal y adecuadamente el monopolio de la capacidad de coerción, con claros fines de bien común. Esto significa que la sociedad renuncia a la violencia y la delega en las autoridades, dentro del orden constitucional y legal establecido, para superar los esquemas primarios de la “justicia por mano propia”, el revanchismo y el permanente “ajuste de cuentas” entre particulares, ya que el derecho es lo contrario a la venganza. Esto vale también para enfrentar decididamente, en el ámbito que corresponda, la ola creciente de criminalidad y delincuencia que ha degradado nuestra calidad de vida, con la complicidad de una excesiva tolerancia.

Con esta exigencia de justicia interna y externa, que en el campo internacional requiere soberanía e integridad, se organizan las fuerzas policiales, las fuerzas de seguridad y las fuerzas militares. Este despliegue se conduce centralizadamente a partir de la Presidencia de la Nación, como Jefatura del Estado y Comandancia en Jefe de las Fuerzas Armadas. La concentración de la autoridad suprema, según la evolución de la práctica histórica, garantiza el imprescindible principio estratégico de unidad de conducción y de acción, asegurando la verticalidad en la cadena de mando de los funcionarios designados expresamente a este fin.

Desde siempre ha sido motivo de análisis, discusiones y tensiones la aparente paradoja existente entre el carácter democrático del “todo” a proteger -el Estado organizado bajo un régimen republicano y democrático- y la “parte” asignada a su defensa, estructurada bajo una cadena de mando y disciplina rígida de carácter castrense. Esta situación, especialmente compleja en los momentos de emergencia o periodos de crisis, es la que obliga a profundizar los estudios institucionales, a la luz de los cambios de la realidad mundial y en el derecho nacional e internacional, producidos después de las dos grandes guerras del siglo XX, el proceso de descolonización territorial, y últimamente con la conclusión de la llamada Guerra Fría y la aparición de nuevas formas de conflicto armado.

Eliminar la arbitrariedad del poder

De acuerdo a la modernización jurídica específica, la relación fundamental entre el régimen democrático y el sistema de defensa tiene que regularse por un ordenamiento actualizado, que aún en situaciones extremas, como la declaración oficial de “estado de sitio”, elimine la arbitrariedad absoluta del poder, y descarte la utilización de mecanismos improcedentes tal como la aplicación de la llamada “ley marcial”. Para ello, se requiere la existencia de un sistema judicial con independencia, honestidad y fuerza para encarar los procesos que se deriven de la interpretación puntual de estas situaciones estrictas de excepción.

Otros elementos coadyuvantes a la mitigación en el empleo de la fuerza y la violencia institucionalizada es la división clara y estricta entre defensa exterior y seguridad interna; que en el caso argentino está consagrada en la legislación vigente, con el fin de evitar la policialización de las fuerzas armadas. Otros países hermanos, ante la gravedad de cuestiones criminales como el narcotráfico, están apelando al recurso de la fuerza militar, con el inconveniente de que ella no es idónea ni está capacitada para este tipo de lucha; incluyendo el riesgo de exponerse a denuncias por violación de los derechos propios de una sociedad sin guerra convencional.

En este orden también es correcto superar el viejo fuero castrense y delimitar un nuevo Código de Justicia Militar dirigido exclusivamente a las faltas disciplinarias específicas de la profesión y la actividad castrense; y encuadrar el tratamiento de los delitos de orden general en la jurisdicción igualitaria del Código Penal. Por consiguiente, es en el conjunto de la sociedad argentina donde deben operarse estos cambios necesarios, y no aisladamente en el componente defensivo y militar. De esta manera, se consolidará la conducción político–institucional de origen civil del sistema de defensa; y se lo dirigirá con auténticas políticas de Estado sin desviaciones sectoriales ni partidistas.

Con el logro de un profesionalismo estable y de excelencia, se manifestará el apego de estas instituciones -imprescindibles para la defensa integral y constitucional- al régimen republicano y democrático y al Estado de Derecho que lo expresa. Es decir, un nivel evolucionado de la conciencia nacional y comunitaria que garantice para todos, incluyendo por supuesto a los ciudadanos militares, el principio de judicialidad concretado en el juzgamiento por los jueces de la Constitución en debido y razonable proceso, eliminando cualquier forma de discriminación en el marco de un orden social más equitativo y justo.

No podemos dejar de decir que el ángulo opuesto a la arbitrariedad del poder por el autoritarismo, es la anomia y la desarticulación ciudadana. Se unen así dos antivalores nefastos: la falta de sentido comunitario de la política, y la falta de sentido cívico de la vida. Luego, la política se desentiende de la historia, y la existencia personal se hace trivial y efímera. Es la decadencia prematura de una sociedad sin fines trascendentes, que no se identifica a sí misma y deja las preguntas existenciales sin respuesta. La recuperación del protagonismo del pueblo está, por dicha causa, en el intento reflexivo de asumir esos interrogantes, antes de la disolución pasiva en el anonimato del silencio.