20. CONTROL CIUDADANO E INSTITUCIONAL DEL PODER
El poder es la
voluntad concretada en energía organizada para lograr efectos. Según la
evolución de un pueblo, así será el carácter del poder, que resultará
constructivo cuando se guíe por una “ética del hacer” al servicio del bien
común. Un modo amplio de encuadramiento y conducción, que libera la mayor
potencialidad del compromiso comunitario que lo origina y enmarca.
El poder se ejerce,
su expresión es la acción, pero ella debe ocurrir democráticamente, sin la
arbitrariedad de los excesos y abusos. Por eso el poder que vale no se
conquista, se construye, superando toda pretensión estática, ya que está
inmerso en una dinámica de cambio, que el tiempo termina por absorber
colectivamente. Esta realidad nutrió la génesis orgánica del Estado,
implementando los mecanismos institucionales que pudieran favorecer liderazgos
adaptados alternadamente a diferentes etapas.
En cuanto a la
función del Estado, los tratadistas actuales la ubican en un campo intermedio,
entre las versiones antagónicas del idealismo y el materialismo histórico. El
Estado no sería el espacio neutro donde se dirimen las conflictos con un afán
desinteresado de justicia; pero tampoco el aparato burocrático y
represivo al mando irrestricto de los círculos dominantes. Tesis ésta que
propicia las propuestas de medidas perfectibles del servicio público, fuera de
la rigidez tradicional.
Esta nueva
valoración del Estado como matriz simbólica otorga sentido y significado a las
normas de la comunidad; tema en el cual ha logrado unanimidad, a juzgar por la
concurrencia, a sus distintas instancias, de todas las corrientes del arco
ideológico. De manera inversa a este fenómeno general por la legalización de
intereses y demandas, aumentan los cuestionamientos individuales a los malos
funcionarios, antes protegidos detrás de la supuesta honorabilidad de sus
cargos.
En esta perspectiva
surge el concepto del control ciudadano para enfrentar las diversas formas de
corrupción, apropiación de bienes públicos, tráfico de influencias, e incluso
la inercia dolosa del burocratismo. Problemas discutidos en el ámbito
parlamentario, como lugar natural de debate plural y labor legislativa.
Luego, los países
más avanzados en este aspecto crearon organismos específicos, con apoyo
tecnológico y presupuesto propio. Pautas con que nacieron nuevos institutos,
como: auditorías, sindicaturas, procuraciones, defensorías, entes reguladores
de servicios e inspecciones generales de justicia. Nuestro país tomó esta
referencia para promulgar su propia legislación, que rige ya desde algunos
años, aunque acotada en su eficacia por el relativismo ético de los componendas
partidarias.
Éste es el camino a
retomar y corregir, con una política de Estado acordada por los actores del
nuevo ciclo político. Condición para aplicar las facultades originales de tales
organismos, ante los cuales se presentan las irregularidades observadas, y se
efectúa su seguimiento en sede administrativa o judicial. Siempre recordando
que la denuncia mediática o la protesta pública no involucran distraer el
dictamen legal por la vía establecida.
El control,
realizado de manera objetiva y metódica, viene a completar el sistema de
conducción, al incluir la crítica, la autocrítica y la rectificación. Cuando
éstas son aceptadas sinceramente, celebramos la búsqueda conjunta de la verdad
que nadie puede monopolizar; haciendo que el desgaste institucional se
detenga, y las organizaciones se depuren apelando a su reserva. Todo lo
contrario de montar deliberadamente un esquema omnímodo, de interpretación
subjetiva, basado tendenciosamente en la excepción, la emergencia y la
irregularidad, para violentar las estructuras y procedimientos de lucha contra
la corrupción y apartar a los jueces naturales de las causas en trámite.
[28.7.15]
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